El nuevo auto del juez que investiga el descarrilamiento del Alvia en Santiago y que imputa a los responsables de seguridad del ADIF por «omitir cautelas elementales» de prevención en el tramo de la vía en Angrois responde en gran medida a un escrito que el pasado 8 de agosto presentó el abogado y exjuez Baltasar Garzón Real, que representa a la familia de una de las víctimas.
En ese escrito, Garzón Real solicitaba muchas de las nuevas diligencias de prueba que el magistrado instructor, Luis Aláez, ha decidido solicitar a Renfe y ADIF. Entre ellas, los informes sobre protocolos de seguridad, velocidades autorizadas y auditorías internas sobre posibles incidencias previas en esa zona de la vía del tren. Pero no eran las únicas. El exjuez de la Audiencia Nacional iba más allá en sus peticiones y concretaba solicitando que la Dirección General de Infraestructuras informase de «las razones por las que se decidió no instalar el sistema ERTMS -que frena el tren si supera la velocidad máxima autorizada- en el tramo de vía donde ocurrió el siniestro, en el que hay una reducción de velocidad de 200 kilómetros por hora a 80». Al ADIF le planteaba la misma demanda.
Sin embargo, el juez Aláez incluyó esta petición entre las que rechazó admitir, pese a que en su auto calificaba las medidas de seguridad en Angrois como «inadecuadas» porque se limitaban al sistema ASFA, que frena el tren si se superan los 200 kilómetros por hora, al sistema hombre muerto, que detiene la máquina si el conductor fallece o se desvanece, y a una señal de limitación de velocidad a 80 km/h situada poco antes de la fatídica curva de A Grandeira donde descarriló el Alvia.
La cuestión de por qué no se dotó al AVE gallego y a este punto concreto de Angrois, pese a su peligrosidad, del ERTMS es la más polémica porque fue una decisión, tomada bien por Fomento o por el ADIF, y que privó a la vía de un sistema que habría evitado casi con toda certeza la tragedia en la que fallecieron 79 personas.
Otra de las peticiones del exjuez Baltasar Garzón rechazadas por el instructor del caso fue el nombramiento de más peritos judiciales para elaborar el informe del siniestro.