José Ángel Pardo Paz: «La ley De Guindos es un varapalo y una vuelta atrás en la Justicia»

Setecientos procuradores gallegos están muy pendientes de lo que pueda suceder con el anteproyecto de la ley de servicios profesionales. En síntesis, elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procuraduría y también los aranceles. Estos profesionales pactarán los precios con los clientes. José Ángel Pardo Paz (Baracaldo, 1969), presidente del Consello Galego dos Procuradores y decano del colegio de Lugo es claro: «Nos dan un varapalo a nosotros y a la Administración de Justicia». Para frenar las pretensiones del ministro Luis de Guindos recogen firmas e incluso no descartan una huelga de empleados de los colegios de España.

-Parece que no soplan buenos vientos para la profesión. El anteproyecto se las trae.

-Existe una honda preocupación. Suprime la incompatibilidad del ejercicio de la abogacía con la procuraduría y los aranceles. Esto supone un quebranto del principio de representación procesal y una vuelta hacia atrás en la Administración de Justicia. Es un varapalo a los procuradores, pero también lo es para la gestión diaria de la Administración de Justicia.

-¿Por qué hicieron un anteproyecto así?

-Se nos dijo que eran directrices de Europa, pero no es así. Quien asumió la redacción desconoce el día a día de lo que es la gestión del servicio público en los juzgados y el papel que desarrollamos los procuradores. El anteproyecto va en una dirección opuesta a lo que son las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la que asumíamos más competencias y funciones. Ahora, con este anteproyecto, se nos circunscribe a esas funciones a cuando actuamos como agentes de la autoridad.

-Si lo «cocinado» por De Guindos sale adelante, ¿qué van hacer los procuradores y los abogados?

-El anteproyecto elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura, permitiendo a ambas figuras el desempeño de las funciones de representación legal de las partes en los procesos judiciales, realizando los actos de comunicación y cooperación con la Administración de Justicia; ambos hasta ahora eran reservados a los procuradores. Sin embargo, la obtención del título profesional de abogado permitirá la ejecución de esas funciones. Hay una pequeña reserva de actividad para cuando actuamos como agentes de autoridad. En mi modesta opinión, creo que si se aprueba el anteproyecto repercutirá negativamente en el día a día judicial, especialmente en la gestión de las notificaciones.

-¿De qué manera?

-La función del procurador, que es la representación técnica del justiciable, no se limita a eso. Los colegios se encargan de la recepción de las notificaciones que luego reparten entre los profesionales. La notificación cuenta desde el momento en que la recibe el colegio y no el procurador, lo que significa un ahorro de tiempo. Pero hay una cuestión muy relevante en lo que respecta a la recepción de notificaciones: este anteproyecto desconoce el esfuerzo que hicimos los procuradores para colaborar con la Administración de Justicia. Todo comenzó con las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000, que es cuando se asumió el servicio de notificaciones y traslado de copias. Eso supuso que en el colegio de Lugo, por ejemplo, el aumento de una cuota única de 50 a 200 euros al mes por la recepción de notificaciones y traslado de copias; todo eso supuso un incremento considerable de las cuotas de los colegiados. Eso se desconoce. La colaboración implicó que pasásemos de un presupuesto de 100.000 euros a 250.000 y hablamos de 80 personas, no de 3.000. Si eso se multiplica por los años transcurridos hasta ahora, supone un millón y pico de euros. Es una barbaridad. Ese fue un esfuerzo que hicimos por colaborar con la Administración de Justicia y agilizar la gestión de las notificaciones.

-Pero ahora ya lo hacen telemáticamente...

-Sí, pero quien mayor esfuerzo hizo para adaptarse fueron los colegios, que reúnen a 10.000 procuradores en toda España, donde al año hay unos 50 millones de notificaciones, de las que más de la mitad son en papel y el resto son telemáticas.

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