La obra se realizó, según el exalcalde de Vigo, «sin los informes preceptivos del secretario y del interventor municipal»
12 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El exalcalde de Vigo Carlos Príncipe registró en el Ayuntamiento de la ciudad un escrito con una declaración personal de tres folios en la que advierte que la ampliación en 25 años de la concesión del auditorio de la ciudad inaugurado hace cuatro fue «ilegal, al realizarse sin los informes preceptivos del secretario y del interventor municipal».
Príncipe ya había declarado en octubre pasado ante la comisión de investigación municipal que analiza la gestión de la infraestructura cultural, pero su intervención de una hora fue reducida a dos folios al alegar el secretario del Concello un fallo técnico en la grabación de la intervención del que fuera regidor socialista. El exalcalde enumera ahora las irregularidades que a su juicio han rodeado la creación del auditorio y su explotación, aludiendo desde el recorte en su superficie comercial y dotacional respecto al proyecto original que ahora lo harían inviable económicamente, a la adjudicación del servicio de cáterin «a un conocido militante y apoyante del señor Caballero», o la participación de la pareja de un edil del PSOE en áreas de promoción de la concesionaria del centro cultural.
Príncipe acusa a Caballero y al ex director general de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, de connivencia en el proceso de gestación del auditorio, cuya concesión fue adjudicada a una unión temporal liderada entonces por Caixanova y Sacyr. «El gobierno municipal pensó más en los intereses de Caixanova que en los intereses de la ciudad y de las arcas municipales».
El exalcalde acusa a Caballero de haber esperado a que pasasen las últimas elecciones municipales antes de aumentar la concesión del auditorio de 35 a 60 años y dar además a la concesionaria cinco millones de euros como compensación por la reducción del espacio comercial previsto. Príncipe augura que el auditorio entrará en suspensión de pagos tras las municipales y eso costará al menos 30 millones de euros al Concello.