Francisco Javier Garzón, el maquinista que condujo el Alvia que circulaba a 199 kilómetros por hora en una curva pensada para soportar sin sustos no más de 80, no es citado por su nombre en el auto emitido ayer. Sin embargo, el conductor -imputado prácticamente desde el accidente- sí es aludido por el juez, pero para construir a partir de su error las demás imputaciones. «Ante el desacierto del maquinista provocado por atender una llamada telefónica, el sistema ERTMS hubiese intervenido frenando el tren para evitar que transitase por la curva a la velocidad inadecuada a la que lo hizo y, a la postre, descarrilase», dice el juez.
La inexistencia del ERTMS en Angrois es para Aláez culpa del jefe de Seguridad en Circulación del ADIF cuando se construyó la línea -ahora en otro puesto en la compañía- Andrés Cortabitarte, y de Antonio González Marín, presidente de la misma empresa pública con Magdalena Álvarez y José Blanco.
La misma consideración se la da a los de nuevo miembros del consejo del ADIF Mercedes Rodríguez (inspectora de Fomento), y Juan Carlos Cáceres Díez (representante de CC. OO.). También imputados figuran sus compañeros de consejo Juan Ángel Mairal Lacoma (exjefe de gabinete del secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán); Carlos Bartolomé Marín (jefe de la unidad de apoyo de la dirección general de Carreteras de Fomento); Javier Hurtado (exjefe de gabinete del entonces ministro José Blanco); Carlos María Juárez Cólera (exdirector general de Ferrocarriles); Mercedes Caballero (directora general de Fondos Comunitarios de Hacienda), Gerardo Gavilanes (subdirector de Hacienda) y Félix Díaz Martínez (UGT).