La Xunta dice que la reforma de Gallardón «no se ajusta a la idea de eficacia» de la Justicia
GALICIA
El Ejecutivo autonómico exige que las siete ciudades de la comunidad cuenten cada una con uno de nuevos tribunales de instancia, frente a los cuatro previstos en la ley
31 may 2014 . Actualizado a las 11:55 h.La Xunta dio ayer a conocer las duras alegaciones formales que, a través de la Vicepresidencia de Alfonso Rueda, presentó el 20 de mayo contra la reforma judicial que promueve el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, unos cambios que no solo han suscitado el rechazo del Ejecutivo de Feijoo, sino también el de partidos de la oposición, alcaldes de todos los colores políticos, fiscales, procuradores, abogados, magistrados... En su escrito de enmiendas, que consta de 18 páginas, la Administración gallega critica el plan de Madrid porque «no parece que se ajuste a aquella idea matriz de que el sistema de Justicia se perciba como un medio cercano, de eficacia inmediata y de fácil acceso para los ciudadanos».
Contra la pretensión de Gallardón de acabar con los 45 partidos judiciales de la comunidad y dejar solo cuatro tribunales de instancia (uno por capital de provincia), la Xunta exige, apelando a las «especificidades de la organización territorial» de la comunidad, que sus siete ciudades cuenten cada una con uno de esos nuevos órganos. «Existen razones sobradas para los casos de Ferrol y Santiago y, sin duda, para el singularísimo de Vigo», aduce en su escrito de réplica.
Asimismo, el departamento de Rueda requiere «la permanencia de sedes judiciales operativas en todos los emplazamientos que actualmente existen» y, a efectos formales, que se mantenga la denominación de partidos judiciales, «por tener una tradición histórica innegable y encontrarse así recogida en el artículo 20 del vigente Estatuto de Autonomía».
Inversión de cien millones
Lo contrario, además, podría dar al traste con inversiones públicas que en los últimos 20 años «suman un importe cercano a los 100 millones de euros, en más de 200 actuaciones de toda índole, desarrolladas en 44 de los 45 partidos judiciales».
La Xunta también exige al Gobierno que cifre el coste de los cambios y le transfiera fondos. En ese sentido, el Ejecutivo autónomo recuerda que «es preciso subrayar que las novedades que se propone introducir en ningún caso han sido cuantificadas en el momento de traspaso a la Comunidad Autónoma de las competencias en materia de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la justicia».
El informe se refiere, asimismo, a otras cuestiones «que afectan al ámbito competencial» de la Xunta, como pueden ser las competencias asumidas por Galicia «en materia de medios materiales y personales». Y dentro de este capítulo menciona también «el uso y promoción del gallego en el ámbito de la justicia».