Confirman que es habitual transportar medicamentos caducados, que algunos vehículos circulan sin haber pasado la ITV y realizan servicios sin autorización
14 ago 2014 . Actualizado a las 07:00 h.«Las ambulancias dan pena. Teníamos que ir dos personas en ellas porque es lo que marca la ley, pero vamos uno solo». Antiguos empleados de Ambulancias BDM, con sede en el Concello de Soutomaior, aseguraron ayer que las irregularidades en estos vehículos, dos de los cuales fueron recientemente inmovilizados por la Policía Local de Pontevedra, son constantes. «Lleva ya tiempo saltándose las normas», añadieron.
Confirmaron que también es habitual transportar medicamentos caducados, al tiempo que incidieron en que no se lleva un estricto control de los mismos como sí realizan otras empresas del sector. En este sentido, explicaron que echaban en falta disponer de un libro de registro convenientemente cubierto y realizar semanalmente una comprobación de la situación en que se encontraban los medicamentos y el equipamiento de las ambulancias.
Estas fuentes ratificaron algunos de los extremos que confirmaron los policías locales que interceptaron a las dos ambulancias: la existencia de vehículos que circulan sin pasar la ITV y la realización de transportes sanitarios sin autorización. Con respecto a este último aspecto, uno de los exempleados consultados, que ha demandado a Ambulancias BDM, apuntó que un responsable de la compañía le llegó a decir a su abogada que «las ambulancias están legales porque hacían transporte colectivo de Adeslas».
En este sentido, J. M. F. manifestó que las supuestas irregularidades también se extienden al plano laboral -de hecho, ya hay demandas judiciales por despido y cantidad interpuestas por algún exempleado-: «Se trabajan más de setenta horas semanales. Imagínate el cansancio que tenemos». En este punto, asimismo, criticaron que los salarios que percibían no se ajustaban a lo que marca el convenio.
En el caso concreto de los vehículos interceptados en Pontevedra, uno de ellos, al menos, aparecía catalogado como furgoneta para uso particular, así como presentaba permiso de circulación y carecía de tarjeta autorizando la realización de transporte sanitario, una circunstancia que ya derivó en sanciones por parte de la Guardia Civil de Tráfico.