El Estatuto de Galicia blinda los privilegios judiciales que poseen 81 cargos políticos

Si se pudiera aplicar automáticamente la propuesta lanzada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para retirar el aforamiento especial a miles de políticos, jueces y fiscales en España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se convertiría ahora mismo en el único gallego que seguiría disfrutando de un estatus jurídico singular, dado que sobre su inculpación o procesamiento podría decidir el Tribunal Supremo. No obstante, la aplicación inmediata de tal medida no está exenta de dificultades, pues en el caso de Galicia, sin ir más lejos, el aforamiento de los miembros del Gobierno de la Xunta y del Parlamento está consagrado en el Estatuto de Autonomía y solo se podría abordar mediante la correspondiente reforma estatutaria.

En Galicia hay actualmente un total de 81 representantes políticos que gozan de la condición de aforados. Se trata de los 75 diputados autonómicos, entre los que se incluyen miembros del Gobierno como el presidente, Alberto Núñez Feijoo, y el vicepresidente, Alfonso Rueda, aparte del conselleiro de Educación, Jesús Vázquez. A ellos hay que sumar los seis conselleiros restantes, que tiene el mismo privilegio.

El estatus de aforado también es extensible, ya fuera del ámbito político, al máximo representante del Valedor do Pobo, José Julio Fernández, así como a los 331 jueces y magistrados destinados en Galicia, a los que suman los 145 fiscales. El aforamiento, además, no se trata de un privilegio al que pueda renunciar un político cuando está en el ejercicio de su cargo, sino que una prerrogativa ineludiblemente sujeta al mismo. Así se demostró, por ejemplo, en el caso que afectó a la diputada socialista Beatriz Sestayo, cuando fue denunciada por un supuesto intento de atropello por un vigilante del Parlamento de Galicia. La denuncia recayó en un juzgado de primera instancia e instrucción de Santiago, y pese a que la propia diputada ferrolana renunció a los privilegios del aforamiento para que el asunto se resolviera sin tener que llegar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al final fue el alto tribunal se hizo con todo el expediente arguyendo que el estatus de aforado no era algo al que pudiera renunciar un parlamentario.

En manos del TSXG

De hecho, en los casos que hubo diputados o conselleiros incursos en procedimientos judiciales siempre fue el TSXG la instancia que entendió de sus asuntos. Ocurrió con la ya exdiputada popular, María Faraldo, que dimitió de su puesto cuando el Tribunal Superior decidió abrirle un juicio oral.

Es más, otros políticos de rango autonómico, como fueron los diputados populares Pablo Cobián o Javier Escribano, o incluso el exconselleiro nacionalista Fernando Blanco, sí se sometieron a instancias judiciales menores al TSXG, pero debido a que primero renunciaron a su acta de diputados y, por tanto, al aforamiento judicial.

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