Una afectada recibirá una indemnización tres veces mayor de la que le entregaron en su momento
12 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La Diputación de Ourense fue la primera institución provincial de España que aprobó un ERE, pero el Tribunal Supremo concluyó el pasado mes de abril que el expediente no se ajustaba a derecho. Los litigios iniciados individualmente por la mayor parte de los 25 despedidos estuvieron paralizados a la espera de esa sentencia y, una vez conocida, se han reactivado. Los juicios han comenzado a celebrarse y ya se conoce el resultado de uno de ellos.
La afectada en cuestión ha visto reconocido su despido como improcedente y recibirá una indemnización tres veces mayor de la que le entregaron en su momento. Esta resolución, del juzgado de lo social número tres de Ourense, sienta precedente, pero era lo esperado. La Diputación interpretó desde el primer momento que la sentencia del Supremo supondría indemnizar a los despedidos con 45 días por año trabajado y no con los 25 que se habían fijado en el ERE. De hecho, el gobierno provincial calcula que esta circunstancia costará en torno a 500.000 euros y ese dinero ya se ha incluido en los presupuestos de este año.
Lo que queda claro es que los afectados por el expediente no volverán a trabajar en la Diputación. La afectada por la sentencia conocida ayer (de iniciales N. B. V. R.) pedía la nulidad de su despido, pero el fallo declara su improcedencia. «Como tanto la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como en la del Tribunal Supremo ya se dice que no hay causa de nulidad, dicha alegación se debe desestimar», dice el juzgado de lo social ourensano.
La indemnización concedida por esta sala a la trabajadora asciende a 25.523,39 euros frente a los 9.561,30 que había recibido tras su despido. Esa cantidad se descontará de la que cobrará ahora. Contra la sentencia conocida ayer cabe recurso.
Cesión ilegal
Se da la circunstancia de que la demandante cobraba de la Diputación pero prestaba sus servicios en el Concello de Ourense. La institución provincial acostumbraba a contratar a personal -especialmente a agentes de desarrollo local- para trabajar en los ayuntamientos de la provincia como medida de cooperación y también lo hizo en la capital. Esta situación ha sido calificada por varios juzgados como una «cesión ilegal de trabajadores», pero no en este caso porque la afectada desistió de su demanda contra el Concello de Ourense para dirigirla exclusivamente contra la Diputación, según recoge también la sentencia conocida ayer.