Enchufismo, dudas sobre la imparcialidad contable, sentencia contra su apoyo a la cruz franquista y demandas sociales amargan la recta final de su mandato
14 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El respaldo que el PP le dio en primavera apoyándole los presupuestos le dejaba a Abel Caballero despejado el camino hacia las urnas. Pero el verano ha cambiado la suerte del alcalde de Vigo, acuciado por una infinidad de frentes en el terreno político, en la gestión municipal e incluso en el escenario judicial, desde donde le han marcado la última estación del viacrucis en el que se está convirtiendo la recta final de su mandato.
La sentencia que le conmina a derribar la cruz que Franco inauguraba en el monte de O Castro tal día como hoy de 1961, ha sacado a Caballero de sus casillas, le ha granjeado críticas en toda España y en su propio partido, desde donde le envían mensajes para que dé marcha atrás, desmonte el monumento a los caídos y no desentone con el discurso con el que Pedro Sánchez trata de tapar la vía de agua que el PSOE sufre por la izquierda. Programas de televisión y radio estatales han hecho chanza de las explicaciones de Caballero al aventar que él solo ve una cruz allí donde varios vigueses perdieron la vida a cuenta de inmisericordes fusilamientos.
Frente judicial
Pero siendo el conflicto de la cruz lo último que enreda al regidor olívico, desde otros dos ámbitos de fiscalización se ha puesto la lupa a la gestión de un alcalde que se harta de clamar que todo lo que hace es legal y transparente. Hace unos meses La Voz desvelaba que el Tribunal de Cuentas había puesto el grito en el cielo al saber que una ciudad como Vigo de casi 300.000 habitantes y 225 millones de euros de presupuesto tenía al frente de su intervención a un funcionario habilitado solo para ejercer en municipios de menos de 20.000 vecinos. En casos excepcionales se autoriza que profesionales de dicho rango ocupen plazas mayores durante dos años, pero el que fuera concejal socialista Luis García lleva más de dos años y medio dando fe de las cuentas municipales, que según acaba de advertir esta semana el Tribunal de Cuentas, no tienen garantías de estar sometidas a una fiscalización independiente.
La irregularidad advertida por el organismo controlador no es la única que origina acusaciones de ilegalidades y, cuando menos, de una gestión poco ética por parte de Caballero. La Fiscalía está estudiando las denuncias de enchufismo que la plataforma ciudadana Xuntos asegura beneficia a 16 allegados de cargos socialistas locales del círculo del alcalde. Carlos Príncipe, opositor interno en el PSOE del regidor, eleva los casos de tráfico de influencias a casi la treintena, pero es el PP, tras darle el apoyo a Caballero en la aprobación de los presupuestos, quien mantiene que la supuesta trama de amiguismo en contrataciones del Concello y concesiones municipales supera los 200 empleos.
Las sospechas de ese canal de influencias entre Gobierno local y empresas contratadas por el Concello llevó hace unos meses a dimitir como director general de la empresa Hormigones Valle Miñor al concejal socialista Ángel Rivas, participante por un lado en adjudicaciones millonarias de obras de reforma de calles de Vigo, y por otra gestor de una de las mayores suministradoras de cemento a las empresas adjudicatarias de los mismos proyectos. La Justicia también tiene encima de la mesa dicha situación, y al mismo edil y a su compañero David Regades en el ojo de las investigaciones de la operación Patos.
Reclamaciones
Y mientras los nubarrones se ciernen sobre la gestión de Caballero, las banderas estrella de su programa de Gobierno hacen aguas también. Con las maletas prácticamente hechas, más de dos centenares de niños de la ciudad se han quedado sin poder viajar con la beca municipal que sufraga parte de los gastos de estancia en el Reino Unido para aprender inglés. La empresa perdedora del concurso duda de la objetividad en la puntuación, dudas que no tienen los padres de los niños que se han quedado este curso sin las becas de comedor escolar que Abel Caballero prometió que harían posible que ningún solicitante de la ayuda se quedase este año sin cobertura. En la web del Concello no queda ni rastro de la convocatoria y los funcionarios reconocen a los padres que no hay dinero para todos.
Desde las plataformas sociales de la ciudad promueven en las últimas semanas el más duro frente contra el político ponteareano, al que acusan de publicitar con exceso su teórica preocupación por los más necesitados, mientras miles de peticiones quedan sin atender en las dependencias municipales, ubicadas al pie de la cruz cuya sombra parece haberse instalado sobre el despacho del regidor.