Hace 25 años, varios operarios se afanaban en pintar y alfombrar las estancias de la casona de O Hórreo para que en su interior se pudiera celebrar el primer debate sobre el estado de la autonomía. Corría el año 1989 cuando se inauguraba la actual sede del Parlamento de Galicia, y lo hacía, precisamente, albergando un debate que el tripartito de Laxe había creado solo unos meses antes mediante la correspondiente ley. A esta sesión solemne le toca ahora celebrar sus bodas de plata en un contexto muy complicado, con un sistema político muy desprestigiado y con la corrupción flagelando con fuerza a los principales partidos.
Lo peor es que, pese a la situación de fondo, casi nadie espera nada del debate de la autonomía que arrancará el próximo martes con la intervención del presidente de la Xunta. Ya el año pasado fue posible anticipar que ese particular empeño de las fuerzas políticas por mirar su propio ombligo y enrocarse en sus posiciones, más que por buscar la concertación con el adversario, no dejaba margen alguno para los grandes acuerdos, como así ocurrió.
Y esta vez ocurre otro tanto de lo mismo. El ajuste fiscal y el cumplimiento de las previsiones de déficit público imponen sus rigideces, así que no es previsible que Feijoo vaya corregir siquiera mínimamente el rumbo de su política de Gobierno, como le piden desde la oposición, particularmente el PSdeG, que volverá a hacer bandera con asuntos como los incentivos a la creación de empleo o el reforzamiento tangible de los servicios públicos.
Tampoco se espera del debate alguna indicación para aprobar la reforma electoral por un amplio consenso, pues el PP ya optó por aprobarla en solitario, aunque a diferencia de otros años, este sí va a ser un debate en el que se va a hablar de corrupción.
Pedro Puy, portavoz del PP, ya puso el foco en esta cuestión diciendo que sería deseable algún tipo de pacto. AGE y el BNG impulsarán resoluciones en este sentido. Y también el PSdeG, que reclama que se reactive la comisión anticorrupción que se paralizó hace un año, y que propondrá implantar medidas de prevención de las prácticas corruptas, que básicamente consisten mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y los controles, aspectos todos ellos a los que PP tiene difícil escapar si realmente apuesta por la regeneración.