La defensa del maquinista se alía con las víctimas para reactivar el caso Alvia

Pocas veces en un proceso judicial las acusaciones hacen un frente común con las defensas. Pero el caso Alvia también es diferente en esto. Las principales acusaciones de las víctimas, la plataforma y el colectivo Apafas, solicitaron la semana pasada distintas diligencias de investigación, que incluían las declaraciones de los presidentes de Renfe y el ADIF, entre otras. El juez contestó con una providencia que las víctimas consideraron evasiva. Les dijo que estudiaría si admite o no las diligencias una vez finalizados los informes periciales, algo que está previsto para principios del año que viene. Las víctimas recurrieron y Manuel Prieto, el abogado que defiende al maquinista, se unió a ellos para presentar su propio recurso de reforma y alegar que, si no se aceptan las diligencias que reclaman las víctimas, «nos causaría indefensión al limitarse nuestro derecho inalienable de defensa», asegura en el escrito que presentó en el juzgado. De fondo planean las sospechas de que tanto el juez como el fiscal creen que la causa está en su fase final, encaminándose a su cierre con el hombre que conducía el Alvia, Francisco José Garzón Amo, como único imputado.

Como las víctimas, la defensa del maquinista asume que las pruebas solicitadas no tienen nada que ver con las investigaciones periciales. Más aún, creen que algunas de ellas pueden arrojar «más claridad a los propios peritos». Además, recuerdan que Apafas solicitó una ampliación del objeto de investigación de los informes periciales, para comprobar si el ERTMS es obligatorio en líneas de alta velocidad o si se certificó convenientemente, por un organismo independiente, el tren y la infraestructura, de acuerdo con la normativa comunitaria. Para el letrado Manuel Prieto este sería el momento oportuno para ampliar las periciales, cuando todavía están en marcha, y no una vez ya han sido entregadas. Cualquier otra decisión «solo puede acarrear demora en la instrucción».

Sin evaluación de riesgo

También considera fundamental que el ADIF concrete los sistemas de seguridad que se instalaron en Angrois después del accidente en el que murieron 79 personas y una víctima mortal más pendiente de ser reconocida. Para el letrado que representa a Garzón Amo, los responsables de seguridad en la Circulación del ADIF «no habían evaluado el riesgo del fallo humano, y no habían realizado acciones mitigadoras o de eliminación de dicho riesgo en la línea». Hay que recordar que la Audiencia Provincial de A Coruña esbozó una teoría sobre el supuesto «riesgo permitido o tolerable» en el auto con el que retiró la imputación a los doce cargos y consejeros del ADIF que estaban imputados.

Considera pertinentes las declaraciones de los presidentes del ADIF y Renfe, así como el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), entre otros. Al respecto del informe de la CIAF recuerda que no está firmado, no figura el equipo investigador y sus recomendaciones no son coherentes con el cuerpo central del informe.

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