El juez del Alvia se pone como objetivo evitar retrasos en la causa y apremia a los peritos
GALICIA
Insiste en no aceptar ahora las pruebas que piden las víctimas y muestra su sorpresa por la alianza entre afectados y maquinista
20 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El juez del caso Alvia está decidido a que la investigación del accidente de Santiago, en el que perdieron la vida 79 personas -y una más aún no reconocida-, no se convierta en una macrocausa ingobernable como acabó siendo la del Prestige u otras similares. En varios autos remitidos ayer a las partes, el magistrado Andrés Lago Louro rechaza los recursos de los dos principales colectivos de víctimas y se reafirma en no aprobar en este momento las diligencias de investigación que solicitaban, que incluían las declaraciones de los presidentes de Renfe y el ADIF, entre otras testificales. Y enfatiza que estas pruebas no fueron denegadas, sino que se difiere la decisión a la espera de los informes periciales. Decidir el momento procesal en el que deben practicarse, alega, es una prerrogativa del instructor de la causa.
El juez recuerda que ya ha vencido el plazo para la entrega de estos informes y no han sido aportados. Así que, «al objeto de evitar dilaciones indebidas», requiere «por última vez» a los peritos para que entreguen las investigaciones definitivas -por el momento la mayoría de los peritos solo han realizado informes preliminares- antes del 31 de enero. Al menos dos peritos solicitaron una prórroga al sufrir retrasos algunas de las pruebas externas que encargaron. El juez les deja muy claro que no aceptará más demoras.
Será por tanto en febrero cuando decida si es pertinente o no aprobar las diligencias de prueba que pidieron las víctimas, para lo que contaron con el apoyo de la defensa del maquinista, que se adhirió a los recursos de los afectados.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, en los autos, no oculta su sorpresa por la alianza táctica entre las acusaciones y la defensa del maquinista, único imputado tras levantarse los cargos a doce cargos del ADIF. Lago Louro recuerda que los abogados de las víctimas no concretan qué precepto legal se quiebra al no aceptarse las diligencias e ironiza con que «es la defensa del imputado la que confiere consistencia jurídica al recurso de la acusación». Manuel Prieto, abogado de Francisco José Garzón Amo, había argumentado que se lesionaba el derecho a la defensa y el derecho de las partes «a obtener la tutela efectiva». «Lo primero que llama la atención en este caso -responde el magistrado- es cómo pueden vulnerarse, a la vez, los derechos e intereses legítimos de la defensa y de la acusación».
Esa supuesta vulneración de derechos no existe, argumenta, pues aún está abierta la posibilidad de que se acepten las diligencias que pedían las víctimas para reactivar una causa que está en un impás tras las desimputaciones decididas por la Audiencia Provincial de A Coruña.
En paralelo, el abogado del maquinista ha solicitado toda la documentación referente a la certificación del tren S-130, el modelo de Talgo que es el germen del S-730, el Alvia híbrido que sufrió el accidente. Este letrado y otras partes del procedimiento quieren saber si la homologación del tren reformado se hizo correctamente o se ahorraron pasos para ponerlo en servicio con más rapidez.
Pregunta del BNG
Por otra parte, la diputada del BNG Rosana Pérez ha interpelado al Gobierno mediante una pregunta parlamentaria para que dé su opinión sobre el informe sobre el accidente de Angrois realizado por expertos de la Universidad de Cantabria.