Alberto Núñez Feijoo empleó ayer en su favor el cese del presidente de Sogama, Luis Lamas, quien el miércoles había dimitido después de trascender que otro organismo autonómico del que es tesorero (Cetal) adjudicó un contrato a Lucus Lex, un bufete de abogados entre cuyos socios figura él mismo. En rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gabinete, el jefe del Ejecutivo esgrimió la resolución del episodio a modo de ejemplo de inmediatez y contundencia en la respuesta a este tipo de casos dentro de la Administración gallega. Aprovechó también para vender el código ético de la Xunta, que rige para altos cargos desde abril del 2014 y para el resto de la plantilla desde septiembre.
Dentro de cuatro días, en pleno extraordinario, Feijoo comparecerá ante el Parlamento en una sesión a la que lleva meses queriendo aportar realce. «Cumprindo un compromiso» adquirido, acudirá al hemiciclo para presentar un compendio de unas 40 medidas anticorrupción y de, como lo llaman en el PP, «rexeneración». En dicho contexto, se comprende mucho mejor la fulminante caída de Lamas anteayer. Difícilmente podría haber salido airoso del hemiciclo el líder popular si hubiese entrado en él con ese cadáver en el armario.
«Actuouse de forma inmediata»
Ahora, al contrario, llegará a la Cámara pudiendo blandir lo poco que ha durado en el puesto el dimisionario una vez conocido el contrato de la polémica. Más allá de «disquisicións xurídicas», su proceder, arguyó ayer Feijoo ante los medios, resulta «incompatible» con las nuevas pautas de conducta exigibles a altos cargos. «Dende que tivemos algún tipo de comunicación ou información de que podiamos estar ante un suposto no que o código ético é implacable, actuamos. [...] Actuouse de forma inmediata, eu diría que en horas», se recreó el presidente.
Casi al mismo tiempo, sin embargo, el secretario xeral del PSdeG se pronunciaba en Lugo sobre este asunto de un modo que presagia para el martes un debate parlamentario de poca concordia. Porque, más que en la acelerada dimisión de Lamas, José Ramón Gómez Besteiro prefirió incidir en el momento de su nombramiento, en el 2009. «Foi —sentenció— responsabilidade de quen preside o PP e a Xunta».
En medio de ese ambiente tenso se plantará Feijoo ante sus señorías. Expondrá allí, en expresión acuñada por él mismo, «o elenco de iniciativas de impulso democrático máis esixentes que nunca houbo en Galicia», unas reglas «que van máis aló» de las que en paralelo tramita Mariano Rajoy en las Cortes Generales.
Ofrecerá a la Cámara sacar adelante medidas que afectan al ámbito del Gobierno autónomo, del Parlamento, de las diputaciones, de los ayuntamientos y de los partidos. Entre otras, restringir las aportaciones personales a las formaciones políticas y vetar las empresariales, obligar a todos los grupos a difundir sus cuentas a través Internet, atribuir al Consello de Contas facultades de prevención de la corrupción, retirar el aforamiento a los parlamentarios, someter a las sociedades semipúblicas a las mismas exigencias que a la Administración general e implantar más inhibiciones para altos cargos con intereses empresariales directos o bien a través de familiares.
Forman parte del paquete, igualmente, la rebaja de las vacaciones formales de los diputados, la limitación de las competencias de los gobiernos en funciones y la creación de portales web de transparencia con datos autonómicos, provinciales y municipales de toda clase: costes y justificación de actividades, declaraciones de patrimonio...