Exempleadas del principal imputado en la operación Zeta responsabilizan a su jefe de las irregularidades que se vieron «obligadas» a cometer
12 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Continúan los interrogatorios a los 30 imputados y otros tantos testigos de la operación Zeta y ayer les tocó el turno a la directora comercial y a la directora financiera de Azetanet, la empresa matriz de Gerardo Crespo. Eran unas declaraciones muy esperadas, porque estas extrabajadoras del principal imputado en la supuesta trama de los cursos de formación no es ya que fueran testigos de supuestos pagos de comisiones, entrega de sobres a terceros o presuntas contabilidades paralelas, sino que además eran ellas las que ejecutaban buena parte de esas operaciones, según decenas de documentos y pinchazos telefónicos que aparecen en el sumario y que ayer reconocieron, en parte, ante la jueza. Ellas eran las que hacían lo que quería su jefe y así fue como se exculparon, responsabilizando al empresario coruñés de todas las irregularidades que se vieron «obligadas» a cometer. «Me limitaba a ejecutar lo que me decía Crespo», dijo Mercedes G.R., directora comercial. «Yo no tenía poder de decisión alguno. Estaba a las órdenes de él», declaró Susana L.O., directora financiera.
El testimonio de esta última se esperaba con expectación porque perdió el empleo cuando empezó a reprochar a Gerardo Crespo su forma de actuar. En una declaración que se prolongó durante tres horas, Susana L. reconoció que su jefe le pedía regularmente que fuera al banco a por dinero en metálico y le preparara los sobres para entregar a terceros. Afirmó que ella se los daba a Crespo y que a partir de ahí ya le perdía la pista al dinero. Esos sobres, presuntamente, contenían las cantidades que Crespo entregaba a los responsables de las entidades que lo contrataban para hacer los cursos. Era la comisión, que solía rondar el 30% del total de la subvención otorgada, según la policía.
También fue interrogada sobre una conversación grabada por el grupo de delitos económicos de la policía en la que hablaba de la existencia de una caja B en la empresa. La directora financiera aseguró que esa «KGB», como así la llamaban en la empresa, no tenía dinero negro, sino gastos diarios de las empresas. Ahí había cantidades que bien podría haber puesto su jefe de su patrimonio personal para hacer frente a los gastos.
Preguntada por la ejecución de los cursos de formación, si se hacían o no, Susana L. sostuvo que se realizaban con normalidad. También fue interrogada por la relación que tenía un hombre llamado Pachi Lucas con la empresa. La policía sostiene en el sumario que trabajaba como «conseguidor», como la persona que mediaba con altos cargos de las administraciones para la obtención de subvenciones o contratos con las empresas del principal imputado. La directora financiera señaló que nunca llevó a ver a Pachi Lucas. Sin embargo, apuntó que tenía orden de que «se priorizaran los pagos» dirigidos a él «antes que al resto de empleados».
El testimonio de Mercedes G.R., directora del departamento comercial, fue en la misma línea que su excompañera. Relató que Crespo era quien «lo controlaba todo». Después de sostener que jamás cometió ilegalidad alguna por su cuenta, atribuyó al nerviosismo de aquellos momentos en que la empresa tenía problemas de liquidez el hecho de que en una ocasión se le grabara hablando de la destrucción de documentos. Lo que sí reconoció fue ser testigo de la compra de listados falsos para incrementar de manera ficticia el número de socios de las entidades para así poder optar a mayores subvenciones. También reconoció que vio facturas que «no parecían reales».
Petición de nulidad
Por otra parte, la defensa del empresario Gerardo Crespo, ejercida por Ramón Sierra, planteó seis cuestiones de nulidad. Cree que existió «vulneración de la tutela judicial efectiva», apunta a que «se generó indefensión» y también detalla que «la documentación inicial, la que hizo saltar el caso, fue presuntamente hurtada». El abogado añade que «algunas de las prórrogas de más de dos años y medio del secreto de las actuaciones venció» y ello generó que durante un tiempo no existiese «cobertura legal».
Hoy continúan las declaraciones con la presencia de la directora general de Azetanet y con la del presidente de Feaga, Francisco Javier Pérez Bello.