El Parlamento acepta tramitar la ley de empleo público que amplía las bajas por maternidad y regula la selección por concurso de los jefes de servicio
11 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno gallego dispone de un amplísimo margen para seleccionar de manera discrecional no solo a los altos cargos de carácter político, como los secretarios y los directores xerais o los delegados territoriales, sino también a los más de 500 jefes de servicio o cargos intermedios asimilados que existen en la Administración autonómica. Pero la elección de por libre disposición, o a dedo, de estos puestos tiene los días contados, pues será derogada por la ley de empleo público de Galicia, que ayer inició su tramitación en el Parlamento.
El grupo del PP se quedó solo en la toma en consideración del texto que recoge el calendario para dejar sin efecto los recortes en las condiciones laborales y retributivas que sufrieron los funcionarios durante la crisis económica, a la vez que amplía algunos derechos, como los permisos por parto, acogida o adopción, que en el horizonte del 2017 pasarán de las 16 a las 18 semanas para un total de 120.000 empleados públicos en Galicia.
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, responsable político del área de Función Pública, se subió a la tribuna del Parlamento para defender el proyecto de ley que acaba también con el dedazo para cubrir las jefaturas de servicio de la Xunta. «Os cidadáns non entenden que os postos técnicos vaian elixidos por libre designación ou por antigüidade», manifestó el conselleiro, antes de recalcar que a la luz de la nueva normativa los 500 jefes de servicio de la Administración gallega serán seleccionado mediante «concurso específico por procedemento público».
Sin el consenso necesario
Todos los grupos de la oposición, con la excepción del Mixto, recibieron el texto legislativo con enmiendas de devolución, dejando patente su beligerancia con la nueva norma. «Estamos ante un texto autoritario», censuró el PSdeG, que acusó al Ejecutivo de no tener «ningunha vontade» de consensuar un texto con los sindicatos.
El mismo argumento lo repitió AGE, cuya viceportavoz, Yolanda Díaz, criticó que el proyecto de ley venga sin el informe preceptivo del Consello Económico e Social (CES) o del Consello Galego da Función Pública. «Teño visto tramitar moitos proxectos de lei neste Parlamento», manifestó Tereixa Paz (BNG), antes de apuntan que nunca antes apreció «tantas queixas» contra un texto de la Xunta. Y desde el grupo Mixto, Consuelo Martínez puso de relieve que con este texto todo apunta «á represión sindical» y vulneración de derechos.
Desde el PP, la diputada Paula Prado negó la mayor. Tras loar la «nova forma de facer política» inaugurada por Feijoo en el 2009, puso de relieve que el texto sí incorpora aportaciones de las organizaciones sindicales. «150 propostas recollidas non son poucas», subrayó la portavoz popular, antes de insistir en que la nueva norma también profundiza «nas medidas de impulso do concurso de traslado, na flexibilidade e no teletraballo», si bien esto último fue calificado por AGE de «conto chino».
El conselleiro de Facenda puso especial empeño en destacar los compromisos económicos de la ley, especialmente dirigidos a reponer la paga extra del 2012 y el complemento específico de los empleados públicos, pero también las medidas de carácter social, hasta el punto de que confió en que se acepte la enmienda introducida por el PP al texto para ampliar el permiso de maternidad, llamamiento que Tereixa Paz tildó de «alucinante» por entender que muestra al Gobierno haciendo «propaganda» del PP.
El conselleiro de Educación, sobre el gallego: «É de sentidiño que abandonemos a confrontación»
El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, compareció ayer ante el pleno del Parlamento para explicar su programa de gobierno para lo que resta de legislatura y anunció que su departamento dispondrá de una financiación adicional de casi 18,4 millones de euros, provenientes de los fondos europeos, para ampliar la dotación de los centros y crear las aulas digitales. La medida permitirá que este mismo año el 100 % de los escolares de entre 10 y 16 años, es decir los que cursarán 5º y 6º de Primaria y los cuatro cursos de la ESO, estudien en aulas «completamente dixitalizadas».
El responsable de Educación desglosó los 18,4 millones de euros a inversión que tiene previsto ejecutar su departamento, destacando que la mayor parte de dicha cantidad, exactamente 11,2 millones, serán gestionados por la Consellería y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para universalizar en el sistema público las aulas digitales desde los 10 años, lo que supondrá, como mínimo, dotarlas de encerados digitales, de equipamiento informático renovado, de proyector y de acceso a Internet, a la vez que se ampliará el programa de libro de texto digital, conocido como E-Dixital.
Otros 6,1 millones se destinará a la ampliación y mejora de los centros educativos, aparte de otro millón de euros para la renovación tecnológica de los centros de Formación Profesional.
Consenso en normalización
En su intervención parlamentaria, también insistió Román Rodríguez en la necesidad de restablecer el consenso político en materia de normalización lingüística. «É de sentidiño que abandonemos a confrontación», manifestó el conselleiro, antes de apuntar que solo desde el «respecto» es posible avanzar en el uso social de la lengua gallega. Rodríguez advirtió que el gallego «debe servir para unirnos e non separarnos», y por eso previno contra quien pretenda apropiarse de la bandera de la defensa del idioma, en clara alusión al BNG, que no evitó el rifirrafe con el conselleiro y acusó al PP de provocar la «masacre» de la lengua propia.