El presidente de la Diputación de Pontevedra, su esposa y el diputado del PP Severino Reguera se acogieron «temporalmente» a su derecho a no declarar
26 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Sobre las cinco de la tarde de ayer, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, su mujer y el diputado popular Severino Reguera Varela accedían a los juzgados de Cambados asegurando una «absoluta y total colaboración» con la Justicia en la instrucción judicial por los alquileres de unos bajos comerciales propiedad del matrimonio. Tres horas después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señalaba que los tres «se acogieron temporalmente a su derecho a no declarar».
Louzán explicó que, tras intervenir los letrados, entendieron que «haberá que facer outra comparecencia máis». Explicó que las intervenciones de los abogados y del fiscal se habían extendido en el tiempo, una circunstancia que se sumó al hecho de que se han solicitado nuevas diligencias y pruebas, por lo que consideraron conveniente esperar a otra ocasión. En este sentido, el fiscal de delitos económicos de Pontevedra precisó que «pueden pedir declarar en cualquier momento».
Entre las nuevas pruebas solicitadas por el ministerio público se encuentra la toma de declaración a los vendedores de los bajos comerciales, y también se ha requerido a la Diputación que les informe de las retribuciones que percibe Severino Reguera, así como las relativas a su cuñada, pero también se requirieron nuevos datos sobre los contratos de arrendamiento. «No son diligencias complicadas. Lo fundamental está hecho», reseñó el fiscal.
Por su parte, la defensa de Reguera Varela no solicitó nuevas indagaciones, si bien dispone de cinco días para hacerlo, mientras que la de Louzán y su mujer pidió que se les tomara declaración a los representantes de una inmobiliaria que realizó un peritaje de los alquileres que concluyó que estos «eran normales».
En este sentido, el presidente de la Diputación de Pontevedra insistió en que la causa debe ser archivada: «Todo se fixo de acordo a un acordo puramente mercantil». De este modo, rechazó tajantemente que se pueda hablar de dádivas, toda vez que negó haber favorecido «a esta persoa ou a calquera outra» en el ejercicio de su cargo.
Sobre esta cuestión fue contundente. Destacó que como presidente tiene tres prerrogativas que le corresponden exclusivamente: nombrar a los diputados con dedicación exclusiva, designar a los vicepresidentes o elegir a los miembros de la junta de gobierno. Reguera Varela, pese a que cualquiera de estos cargos le hubiese supuesto «unhas mellores retribucións económicas, está como un simple deputado. Está ao nivel dun deputado da oposición, curiosamente». Añadió que, por tanto, «só percibe por asistencia a plenos e comisións informativas, única e exclusivamente».
Al igual que en anteriores comparecencias, Louzán insistió en que la relación entre ambos se ciñe al ámbito estrictamente privado -«nada ten que ver a miña labor de presidente da Deputación con calquera xestión que derivara en favor ou en prexuízo deste caso»-, y recordó que el origen de esta investigación se encuentra en una denuncia anónima, algo, por otro lado, «habitual nestes tempos».
Tanto el presidente de la Diputación como su esposa están imputados por un supuesto delito continuado de cohecho, mientras que Reguera Varela lo está por un presunto cargo de cohecho impropio. Y todo vinculado con los alquileres que este último está abonando por unos bajos comerciales propiedad del matrimonio. En este sentido, Louzán aseguró que en la misma zona donde se ubican sus inmuebles se están abonando precios más bajos, pero también más elevados.
Tras aludir a que se trata de una cuestión que se remonta a ocho años atrás, apuntó que «eran momentos totalmente distintos aos de agora dende o punto de vista económico».
En cualquier caso, indicó que, tras la comparecencia de ayer, el procedimiento judicial se encuentra prácticamente en la misma situación que se hallaba hace dos meses. De hecho, antes de acceder al edificio judicial y en declaraciones recogidas por la agencia Efe, incidió en que «la Justicia tiene que cumplir su papel», pero lamentó tener que sufrir «un proceso interminable. Esta debe ser la cuarta vez» que comparece en los juzgados.
Por su parte, el juez cambadés dictó un auto acordando la continuación del procedimiento según la Ley del Jurado, así como la práctica de distintas pruebas.
«No es exactamente solo una cuestión de alquileres», precisa el fiscal
Al término de la sesión de ayer, el fiscal recordó que los encausados están imputados por unos hechos que «no es exactamente solo una cuestión de alquileres». En este sentido, lamentó no haberle podido interrogar sobre una serie de cuestiones relacionadas con estos locales comerciales ubicados en el entorno del polígono vigués de Teixugueiras.
En este sentido, mantuvo que tanto el matrimonio como el diputado adquirieron una serie de inmuebles, por lo que se preguntaba «si la sociedad de este último quiere comprar estos locales comerciales por qué los compran unos particulares y la sociedad paga unos alquileres que son, al menos, iguales o, incluso, superiores a lo que pagaría de crédito hipotecario».
Además, también reconoció que «si los precios son superiores o inferiores es otra de las cuestiones a resolver», como también lo son las posibles retribuciones que percibiría Severino Reguera por asistir a comisiones informativas del organismo provincial. Asimismo, señaló que se tienen que despejar dudas sobre la forma de pago del arrendamiento, de si se aportó o no fianza, así como de otros aspectos sobre el contrato.
En cuanto a que se trata de relaciones mercantiles o comerciales enmarcadas en el ámbito privado, el representante del ministerio público apuntó que Severino Reguera es diputado y como tal percibe retribuciones económicas de la Diputación de Pontevedra, mientras que «quien alquila es el presidente de esa Diputación Provincial».