La violación de incompatibilidades acarreará hasta 10 años de inhabilitación
25 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Cinco días después de aprobarlo, el Gobierno gallego difundió ayer el anteproyecto de nueva ley de transparencia. Los grandes cambios que comportará su futura entrada en vigor ya los había esbozado el Ejecutivo, el jueves pasado, en rueda de prensa. Además, el texto contiene artículos que figuraban tal cual redactados en normas anteriores: una de incompatibilidades de 1996 y otra de buenas prácticas del 2006. No obstante, incluye también aspectos novedosos y hasta ahora no detallados. Por ejemplo, el régimen sancionador. En virtud del mismo, la Xunta multará con hasta 12.000 euros a sus altos cargos que oculten parcialmente o falseen su patrimonio.
Las obligaciones
Un estriptís. Todos los miembros del Gobierno, sus jefes de prensa y de gabinete, los máximos responsables de los conocidos como chiringuitos, los delegados territoriales y los secretarios xerais, directores y asimilados tendrán que hacer públicos sus bienes al tomar posesión del puesto y al cesar en el mismo, así como revelar «modificacións das circunstancias de feito» que se puedan producir entremedias. Además, deberán divulgar sus actividades en los dos años anteriores a la designación y, en los 24 meses posteriores a la dimisión o a la destitución, habrán de pedir permiso a la oficina autonómica de incompatibilidades para dedicarse a aquello en lo que pretendan emplearse. Durante el ejercicio de la función pública, asimismo, quedarán obligados a abstenerse en procedimientos administrativos que afecten a sus intereses, incluyendo los propios, los de familiares hasta segundo grado de consanguineidad, los de amigos íntimos, los de enemigos manifiestos, los de empresas que hubiesen dirigido ellos o sus parejas y los de sujetos con los que tengan «cuestión litixiosa pendente». Por último, no podrán poseer directa ni indirectamente participaciones superiores al 10 % en compañías «que teñan concertos ou contratos de calquera natureza co sector público».
Las sanciones
Inhabilitación. Los altos cargos que, transcurridos seis meses desde su nombramiento o desde su baja, no hayan formulado declaraciones patrimoniales o bien lo hayan hecho usando datos falsos serán expulsados, castigados con una sanción de 6.001 a 12.000 euros e inhabilitados para realizar cometidos similares en la Administración por espacio de entre cinco y diez años. Se les impondrá igual pena a quienes incumplan, con quebranto para el erario, las reglas de incompatibilidades, abstenciones y conflictos de intereses, con el añadido de que, «se é o caso», habrán de devolver «as cantidades percibidas indebidamente». El correctivo será menor (de 600 a 6.000 euros y un lustro de inhabilitación como máximo) para aquellos que solo omitan documentos en la presentación de sus bienes.
Los tiempos
Para el 2016. La ley en la que todo esto figura, de acuerdo con la última de sus disposiciones, entrará en vigor a los nueve meses de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Pero a las páginas de ese boletín todavía tardará bastante en llegar. Primero, a partir de hoy, en principio, el borrador será sometido a las alegaciones de la sociedad civil a lo largo de un mes. Luego el Ejecutivo estudiará las quejas y sugerencias, incorporará a sus planteamientos iniciales las que estime oportunas y aprobará el documento definitivo para su remisión al Parlamento. Allí, muy probablemente, no se votará hasta la vuelta del verano. De modo que la norma comenzará a regir hacia el ecuador del 2016.
Las formas
Internet. Toda la información relativa a los altos cargos, junto con millares de datos más, los difundirá la Xunta a través de un nuevo portal web «que respectará os principios de accesibilidade, interoperabilidade e reutilización». Sus características y guía de mantenimiento serán definidos en un reglamento posterior. El Valedor do Pobo velará por su correcto funcionamiento.
Las universidades también deberán rendir cuentas
El anteproyecto difundido ayer por el Gobierno autónomo es la cuarta de las cinco normas contra la corrupción que Alberto Núñez Feijoo, el pasado 27 de enero, había prometido impulsar en los 50 días siguientes, un plazo que agotó el miércoles pasado sin concluir la tarea, pues aún resta por presentar el documento de reforma del Consello de Contas. En comparación con la actual, que data del 2006, esta futura ley de transparencia, además de encorsetar a los Ejecutivos en funciones y de regular los traspasos de poderes entre el gabinete entrante y el saliente, introduce una novedad de base: extiende la relación de sujetos jurídicos forzados a respetar sus disposiciones.
La obligación de suministrar información de diverso tipo no solo pesará sobre la Administración autonómica, sus chiringuitos y las corporaciones de derecho público de la comunidad, sino también sobre las universidades «e as entidades vinculadas ou dependentes delas», de acuerdo con el artículo tercero. Habrán de hacer públicos cientos de datos; por ejemplo, sus cuadros de personal, las relaciones nominales de asesores y sus retribuciones, las identidades de los liberados sindicales y su coste, las indemnizaciones por razón de servicio y los contratos de alta dirección.