Los acusa de los mismos hechos delictivos que a Mato Roibal: tráfico de menores en connivencia de migrantes y falsedad documental
17 may 2015 . Actualizado a las 10:17 h.Anyela Fernanda Serna Rave y John Alexander Oviedo, los padres biológicos del bebé que supuestamente compró José Mato Roibal, han sido imputados por la jueza que lleva el proceso contra el carballés detenido en Bogotá. Los acusa de los mismos hechos delictivos que a Mato Roibal: tráfico de menores en connivencia de migrantes y falsedad documental.
La magistrada adoptó esta decisión este jueves en una audiencia, que se prolongó durante más de seis horas, a petición de la Fiscalía. La acusación fue clara en su petición. John Alexander Oviedo y Anyela Fernanda Serna Rave fueron partícipes necesarios y conocedores de los hechos vinculados a Jose Mato. La Fiscalía aportó en esta audiencia nuevas pruebas y testimonios. Tras dos horas de deliberación, la jueza decidió imputar a los padres biológicos pero, a diferencia del ciudadano gallego, los dejó en libertad con cargos alegando que son ciudadanos colombianos y, por tanto, no hay riesgo de fuga.
La acusación decidió incorporar en esta fase de instrucción a la pareja porque la prueba de ADN practicada a John Alexander Oviedo dio positivo, confirmando así que es el padre biológico de la niña registrada en su día con el nombre de Elena Mato Serna. La Fiscalía no ha solicitado pena alguna a espera de la próxima vista, fijada para el 1 de junio. En todo caso, Fernanda Serna y John Alexander Oviedo se enfrentan cada uno a 60 años de cárcel.
El portavoz de la familia, Jorge Vázquez Vila, de Espinosa & Vázquez Vila, explicó que esta imputación «es una consecuencia lógica de la instrucción. Si José Mato está imputado lo lógico es que también lo estén los padres biológicos». Explicó que la situación procesal del carballés sigue igual: «Esta acusación no tiene porque beneficiar ni perjudicar a José Mato». Y añadió: «En todo caso, la defensa ha insistido, insiste e insistirá a lo largo de todo este proceso en que sí pudo haber irregularidades administrativas, pero no un delito de compraventa y mucho menos de tráfico de menores».