Si algún día me acusaran de delito alguno y me considerara inocente preferiría mil y una veces que me juzgara un magistrado de carrera. A sensu contrario, si fuese consciente de mi culpabilidad y tuviese recursos económicos, me inclinaría por la figura del jurado, salvo que mi causa hubiese tenido la repercusión mediática del caso Asunta. La explicación de lo arriba expuesto es más que fácil. A los nueve jueces legos que componen el tribunal es más sencillo que un hábil y costoso letrado los convenza de la bonhomía de su patrocinado, a pesar de que lo hayan cogido con las manos en la masa, por lo que a priori se comete un agravio comparativo entre los que se pueden costear un togado con prestigio y capacidad de convencimiento, normalmente los mejor remunerados, y aquellos que no tienen acceso a ellos por razones de índole económica. Por otra parte, a aquellos magistrados con experiencia, que ya han visto casi de todo, es más que difícil dársela con queso, y las argucias que los letrados solemos esgrimir para sacar adelante los asuntos de nuestros clientes más en entredicho caen en saco roto en más ocasiones que en menos. Otro motivo provoca mi rechazo al jurado. Un magistrado profesional, de carrera, acude a su sala de vistas rebosando objetividad, y sin que las repercusiones mediáticas de una noticia deban influirle. Ciñéndonos al caso por el crimen de Asunta, los nueve miembros del jurado, a pesar de llevar sus mochilas cargadas de buenas intenciones, están irremediablemente condicionados por todo lo escuchado en la instrucción de esta causa, que ha sido mucho, y todo nefasto para unos acusados que deben gozar de una presunción de inocencia que de facto no disfrutan. ¿Es qué alguien en este país no se ha hecho su particular composición de lugar culpabilizando antes del juicio a los padres de la niña asesinada? Hasta un magnífico profesional y amigo como es el letrado José Luis Gutiérrez Aranguren lo va a tener sumamente difícil. Y eso a pesar de su más que demostrada pericia en este tipo de asuntos.