Los abogados de las víctimas y del maquinista han pedido y esperan respuesta sobre declaraciones, ratificaciones de informes periciales y documentación
20 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Puede pasar perfectamente un año o un año y medio antes de que haya juicio. Quien habla es uno de los abogados de las víctimas del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, Javier González, con el que coinciden casi todas las partes. No es el único que ve todavía lejos el cierre de una instrucción que cifra ya en 30.000 folios y a la que todavía le queda tiempo para cerrarse. Tras el baile de imputaciones y desimputaciones de cargos del Adif, que han dejado de nuevo al maquinista como el único imputado por el accidente, solo se ha procedido a la aceptación y posterior ratificación de tres informes realizados por los peritos designados por el juzgado. Eso ocurrió hace poco más de un mes. Y ya se han levantado voces hablando de «ralentización» de la investigación. Y parece que todavía queda para largo. Porque el juez aún tiene sobre la mesa alrededor de una docena de peticiones de las partes implicadas en un proceso judicial que se inició hace dos años y que parece aún lejos de cerrarse. «Hay muchas pedidas ahora mismo», zanja González, que añade, «todavía ni ha dado traslado a las partes».
Peticiones las hay de todo tipo. Piden testimonios. También documentación. Y la ratificación de informes periciales presentados por algunas de las partes personadas en la causa, entre ellas el único imputado, el maquinista. Porque hasta el momento solo se han ratificado los informes periciales de las personas designadas por el juzgado, pero hay un total de siete análisis distintos sobre lo que ocurrió el 24 de julio del 2013. Y eso significa que todavía no se han ratificado cuatro informes de parte.
Javier González afirma que todo ha ido más lento, pero que empieza a tener la sensación de que «el juez también quiere ir rápido diciendo que no a todo. «Ojalá me equivoque», tercia, y prefiere esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y aguardar a las decisiones que tome el instructor. Ellos se han centrado en pruebas documentales y testificales. Han solicitado oficios a Renfe y a Adif y también a Presidencia del Gobierno respecto a una declaración de Antonio Lanchares. De no equivocarse en su corazonada sobre el no del juez, el trayecto todavía es largo. Porque ahí empezaría un rosario de recursos para intentar conseguir que finalmente esas pruebas se practiquen. Usarán hasta la última herramienta que tengan en su mano. «Si quiere tirar por la vía rápida [decir que no a las actuaciones] todo va a ir más rápido, pero se va a encontrar con que se van a recurrir esas resoluciones que dicte, va a ir otra vez a la Audiencia Provincial y se va a entorpecer y va a ir más lento», explica González.
Más trámites
Hay más cosas todavía pendientes que la decisión que tome el juez sobre esas solicitudes de práctica de pruebas. Porque aunque la instrucción se cerrase mañana mismo, la celebración de un juicio exige sus trámites. «Tiene que dictarse la apertura de juicio oral, trasladarse las actuaciones al juzgado, formularse los escritos de acusación, los escritos de defensa... todavía quedarían muchos trámites», avanza González.
El juicio, previsiblemente, se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, donde es titular Elena Currás. Porque el Penal número 1 está actualmente ocupado por el juez Aláez, y un juez que ha instruido una causa no puede juzgarla. Ahí es donde habrá que buscar fecha de señalamiento para un juicio que no tiene nada de común y que no se resolverá en dos o tres días. Además, hay que tener en cuenta que tienen prioridad aquellos procedimientos en los que haya una persona presa. El año pasado, en la jurisdicción de lo Penal compostelano el ingreso de asuntos creció un 4,5 % con respecto al año anterior, con 24.360 asuntos tramitándose en sus salas.
Claro que también se puede intentar agilizar por todos los medios el señalamiento de la fecha de juicio, aunque los letrados coinciden que a la instrucción todavía le queda recorrido. Y alguno no duda en mantener la esperanza de que habrá más imputados que el maquinista. Los hubo. El juez Aláez imputó, además de al maquinista, primero a cinco responsables de seguridad del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuya imputación quedó más tarde sin efecto. Después, imputó a 22 cargos y excargos del Adif, cuya imputación también quedó sin efecto. Y finalmente, el juez Aláez también dictó la imputación de otros once cargos. La Audiencia también los desimputó, dejando de nuevo solo al maquinista, al que el fiscal señala como el único responsable del accidente.
Sin informe sanitario
Además de los tiempos necesarios para que el proceso judicial se desarrolle con todas las garantías, hay otro trámite que atañe directamente a las víctimas y sin el que la instrucción no se puede cerrar, según aclara González. Son los informes sanitarios de los que sufrieron directamente las consecuencias del descarrilamiento de los trece coches que componían el Alvia 150/151 aquel 24 de julio del 2013. Algunas de ellas, según precisa el abogado de una de las plataformas que han creado las víctimas, todavía se han sometido a operaciones este mismo mes. «Hay personas que no tienen la sanidad definitiva», que permite definir el alcance de las lesiones y sin ese informe «no se pueden determinar las responsabilidades civiles que se van a reclamar en el informe definitivo». Y otras víctimas no están de acuerdo con el informe que han obtenido. Otro obstáculo para el cierre de la instrucción.