El juez espera terminar la instrucción en octubre. Hasta ahora, el fiscal y la Audiencia han rechazado todos los intentos de implicar a cargos del ADIF
22 jul 2015 . Actualizado a las 09:00 h.El caso Alvia ha entrado en su fase final de instrucción y todo hace indicar que se cerrará sin que haya más imputado que el maquinista que conducía el tren que descarriló en Angrois aquella trágica tarde del 24 de julio del 2013. La defensa de Francisco José Garzón Amo pretende que también se implique a los cargos del ADIF encargados de la seguridad de la vía Ourense-Santiago. Así lo hizo el primer juez que instruyó el asunto, Luis Aláez, que entendió que se había rebajado el nivel de seguridad del tramo y que esa decisión permitió el despiste del maquinista. Sin embargo, esta postura contó siempre con la oposición del fiscal, Antonio Roma, y de la sección compostelana de la Audiencia Provincial, que revocó todas las imputaciones de miembros del ADIF atendiendo a los recursos que presentaron tanto sus defensas como también la fiscalía.
El ministerio público mantiene actualmente inalterado ese mismo criterio. Tiene absolutamente claro que, más allá de posibles responsabilidades políticas, en las que no entra, no hay más responsabilidad penal que la de Garzón Amo, que cometió, a su juicio, una imprudencia grave al desatender la conducción y no reducir la velocidad al llegar a la curva de A Grandeira, en Angrois, a tres kilómetros de la estación de Santiago. El resultado es conocido. El convoy entró a 200 kilómetros por hora en un punto limitado en aquel momento a 80 y descarriló, causando la muerte a ochenta personas y heridas a otras 146.
Para el fiscal, la única causa directa que produjo el accidente fue la imprudencia del maquinista y por ello se opone a que se impute a miembros del ADIF. En junio del año pasado Luis Aláez dejó su puesto en el juzgado de instrucción número 3 de Santiago para ocupar un juzgado de lo Penal en la ciudad. El caso recayó entonces en el magistrado Andrés Lago Louro y desde entonces sus tesis parecen coincidir más con las del ministerio público y la Audiencia Provincial que con las de su predecesor, ya que hasta el momento no ha imputado a ningún cargo del organismo que gestiona los ferrocarriles españoles.
Otro dato que hace pensar en que no habrá más imputación que la del conductor del tren es que Lago Louro cuenta con poder cerrar la instrucción a la vuelta del verano. En septiembre o en octubre a más tardar. Si la investigación se fuese a extender para intentar determinar posibles responsabilidades en miembros del ADIF sería imposible dar por finalizada la investigación en un plazo tan corto de tiempo.