De los 1.639 trabajadores afectados, alrededor de 150 son de Galicia
14 oct 2015 . Actualizado a las 20:14 h.El Tribunal Supremo ha declarado ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tragsa-Tragsatec, el mayor ajuste de plantilla en una empresa pública española, al afectar a 1.639 trabajadores, según informaron a Europa Press en fuentes judiciales. Del total, unos 150, entre Tragsa y Tragsatec, son de Galicia, según ha señalado Claudio Landeira, del sindicato Comisiones Obreras.
Así, el pleno de la sala cuarta ha acordado «por unanimidad», aunque con votos particulares concurrentes estimar el recurso de casación de las empresas, después de que la Audiencia Nacional decidiera en abril del año pasado anularlo.
La sala, tras analizar la regulación del despido colectivo en una sociedad anónima de titularidad pública, concluye que «no concurren» en el presente supuesto los requisitos para apreciar que haya existido grupo irregular de empresas y que no tiene en el caso responsabilidad solidaria la filial Tragsatec.
El Supremo ha señalado que ante la inspección de trabajo y en el acuerdo finalmente no ratificado, la representación laboral estimó suficiente la documentación aportada, por lo que no es necesario aportar justificación adicional de la causa organizativa cuando se reduce el número de afectados.
Además, considera que son suficientes los criterios de selección, no cuestionados durante la negociación, si están referidos a un cuadro geográfico y funcional de amortización de puestos de trabajo y en ellos se respetaron además los criterios constitucionales de mérito y capacidad y, que no es discriminatorio que el despido afecte solo a personal fijo y no a los contratados temporales.
Para justificar el ajuste de la plantilla, Tragsa había alegado en el mes de octubre cuando presentó el ERE una drástica caída de los ingresos que le llevarán a incurrir en unas pérdidas de 17 millones de euros al final de este ejercicio, y argumentó que el coste de personal, principal partida de gasto, no se ha reducido acorde a la fuerte caída productiva y al descenso de la cifra de negocio.
En el momento de iniciarse el procedimiento de despido colectivo la plantilla de Tragsa estaba formada por 6.773 trabajadores, de los cuales 4.430 eran indefinidos y 2.343 temporales.
El Grupo Tragsa, que forma parte del holding de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene presencia e implantación en toda la geografía nacional, dispone de medios humanos cualificados, maquinaria pesada, auxiliar, elementos de transporte, vehículos de obra, y tecnología propia para realizar todo tipo de trabajos en materia de desarrollo del medio rural y conservación de la naturaleza, según los datos aportados por los sindicatos.
A las puertas del Tribunal Supremo se acercaron aproximadamente medio centenar de trabajadores del grupo Tragsa (Tragsa-Tragsatec), que reclamaban la nulidad del ERE, así como la readmisión de los trabajadores despedidos.
Los representantes sindicales se habían mostrado optimistas ante la decisión del Alto Tribunal, ya que la compañía había regresado a números positivos y confiaban en que ratificara la sentencia de la Audiencia Nacional, por lo que la decisión del Supremo ha supuesto un varapalo a sus expectativas.
Postura de Tragsa
De tal forma, Tragsa, que forma parte del holding de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se ha mostrado abierta a negociar con los sindicatos, después de que el Tribunal Supremo declarara ajustado a derecho el ERE.
En concreto, la empresa ha indicado en un comunicado que analizará «a fondo» la resolución del Alto Tribunal, que ha declarado procedente el ajuste de plantilla al entender que concurren las causas económicas, productivas y organizativas que la ley establece.
Tragsa ha señalado que «siempre» ha estado abierta a la negociación, con la firme voluntad de alcanzar acuerdos beneficiosos que reviertan la situación negativa, permitiendo la sostenibilidad de la empresa y de sus puestos de trabajo, como ya demostró en el período de consultas, y con la presentación de un nuevo plan de viabilidad que no contemplaba ningún despido forzoso.
«Lesivo» para CC.OO.
La sentencia del Supremo es, sin embargo, «lesiva» para los trabajadores de la empresa pública, según ha advertido CC.OO. en un comunicado.
En concreto, el sindicato estima que la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulo el expediente de la empresa pública estaba «perfectamente justificada» ante la existencia de «flagrantes irregularidades» en el procedimiento, por lo que ha producido «extrañeza» la decisión conocida hoy.
Por otra parte, la Federación confía en el sentido común de Tragsa para, con independencia del fallo de la sentencia, dejar sin efecto la aplicación de las medidas contempladas en el expediente, habida cuenta de la acreditada necesidad del mantenimiento del volumen de empleo.
En todo caso, el sindicato se reserva el derecho a tomar las acciones legales que se crean oportunas ante lo que considera ha sido un nuevo ataque a la clase trabajadora.
CC.OO. subraya que, tras la resolución de la Audiencia Nacional, los trabajadores que eran objeto de despido en el ERE han seguido desarrollando su prestación laboral a pleno rendimiento, lo que confirma la «necesidad de cubrir» estos puestos de trabajo, por lo que consideran que el ajuste era un «intento de flexibilizar plantilla utilizando al límite las herramientas que proporcionó la reforma laboral».
«Preocupación» de CSIF
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su «preocupación» por el fallo. En concreto, el sindicato apela al sentido común de la empresa pública, ya que la facturación del grupo se ha elevado un 70% respecto al 2012 y se trabaja a los niveles previos a la crisis.
CSIF recuerda que el ajuste de plantilla fue diseñado para la situación del 2012, pero que en la actualidad la situación del grupo «es muy distinta», ya que se está superando la crisis económica.
El sindicato, que reclama que no se produzca ningún despido forzoso, ha señalado que esperará a conocer el contenido de la sentencia, si bien, de manera inmediata intensificará las negociaciones para que Tragsa reconsidere el ERE.
UGT apela al sentido común
FeS-UGT ha apelado al sentido común de Tragsatec, filial de Tragsa, para alcanzar un acuerdo tras el fallo del Tribunal Supremo, que ha declarado ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), presentado por Tragsa y Tragsatec y que afecta a 1.639 trabajadores.
En concreto, el sindicato ha denunciado en un comunicado que la inseguridad jurídica y laboral que genera la sentencia se enmarca en la «política de ajustes y reducción drástica del empleo público» que está llevando a cabo el Gobierno.
FeS-UGT reconoce la «rotundidad» de los argumentos de inicio ofrecidos por el Supremo a la espera de conocer la redacción definitiva de la sentencia. «Siempre hemos manifestado que no había forma humana de comprender ninguno de estos despidos en Tragsatec, ya que no ha contribuido en forma alguna a solucionar ninguno de los problemas de la empresa, en la cual, por cierto, a día de hoy se siguen realizando contrataciones», han recalcado.
El sindicato espera que la empresa presente una «propuesta real con voluntad de acuerdo» para encontrar una solución, ya que recuerda que las condiciones económicas han cambiado desde que se planteó el ERE en 2012.