Por un canon anual de entre 0,38 y 2,28 euros el metro cuadrado, la Administración gallega sacará terrenos en sus parques empresariales bajo una modalidad que permite a las compañías ocupar parcelas en una especie de concesión con derecho a compra
05 nov 2015 . Actualizado a las 15:59 h.El Gobierno autónomo cree haber dado al fin con la tecla para frenar la fuga de industrias a Portugal. A partir de ahora, pondrá suelo a disposición de las compañías privadas bajo la modalidad de derecho de superficie, ya aplicada tanto en el país vecino como en otras comunidades. Es decir, firmará con las interesadas acuerdos para ocupar parcelas de propiedad autonómica a cambio de una especie de alquiler con derecho a compra, como una concesión con cuota final. Con 12 meses de carencia, el canon anual por metro cuadrado será de entre 0,38 y 2,28 euros.
La decisión la ha adoptado el Consello de la Xunta esta mañana. En una primera fase, afectará solamente a los parques que posee la firma pública Xestur (dos millones de metros cuadrados), si bien está previsto que posteriormente ataña a los del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Las sociedades beneficiarias del cambio legal habrán de cumplir una serie de requisitos relacionados con el empleo generado (20 puestos de trabajo al menos) y la inversión comprometida (al menos ocho millones).
De la iniciativa ha informado en rueda de prensa este mediodía el jefe del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo, quien ha repasado también el resto de asuntos abordados por su Gabinete. Entre ellos destaca la luz verde recibida por el plan de desarrollo rural 2014-2020, un documento que prevé inversiones en dicho ámbito por valor de 1.186 millones, entre los aportados por las arcas autonómicas, los salidos de las españolas y los puestos por la UE. Al contenido, no obstante, todavía deberá otorgarle su plácet definitivo la Comisión Europea.
Igualmente, el Gobierno ha bendecido la nueva estrategia gallega para la discapacidad, que incluye actuaciones como repartir ayudas entre los concellos para mejorar la accesibilidad e incluye, a seis años vista, 480 intervenciones presupuestadas en 800 millones. Y ha resuelto extender al resto de la comunidad un sistema tecnológico, actualmente en fase de ensayo en Ourense, que integra la información del 061, de los puntos de atención continuada y de las urgencias hospitalarias.
Por último, el Consello ha proseguido con el carrusel de nombramientos de altos cargos en el segundo nivel del poder. Designaciones todas ellas derivadas de la crisis de gobierno realizada por Feijoo a principios de octubre, que elevó de ocho a diez las consellerías, puso fuera del despacho a la titular de Sanidade, incrementó en tres el número de direcciones generales y supuso una redistribución de competencias entre departamentos.
Así, de la Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica se ocupará en adelante Amparo González Méndez; de la de Inclusión Social, María Ángeles Teijeiro González; y de la de Gandeiría, Agricultura e Insustrias Alimentarias, Belén Docampo Piñeiro, hasta el momento delegada de la Xunta en A Coruña, responsabilidad que recaerá en el expresidente de la Diputación de esa misma provincia Diego Calvo. Además, Perfecto Rodríguez Muíños asumirá los mandos del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.