La demolición de viviendas y galpones ilegales creció un 42 % hasta junio, pero urbanizaciones y hoteles con órdenes judiciales esquivan la piqueta
12 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La piqueta intensifica su actividad en Galicia contra viviendas unifamiliares y galpones levantados sin licencia o en suelo rústico. En los primeros seis meses del año, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) contabilizó el derribo de 65 edificaciones, un 41 % más que las 46 que fueron objeto de la demolición en el mismo período del 2014. Este repunte consolida una tendencia al alza que sigue imparable desde el 2010. Entre ese año y el 2014, las excavadoras prácticamente cuadruplicaron las demoliciones. Y con las 65 ejecutadas de enero y junio del año en curso, ya son 475 los pequeños edificios echados abajo.
Además de esos derribos, que se concentran en su mayor parte en las provincias de Pontevedra (32) y A Coruña (22), la Axencia impuso durante los seis primeros meses del año 225 multas coercitivas a propietarios por no cumplir sus resoluciones, cuando en todo el 2014 tramitó 406. Y cursó 201 expedientes de reposición de la legalidad, un 11 % más. La APLU penaliza al infractor con esas sanciones una vez que expira el plazo habilitado para reparar la ilegalidad. Por cada trimestre que pasa, impone una multa, cuya cuantía parte de 1.000 euros en la primera y puede llegar a 10.00
El aumento de las sanciones se ha convertido, de hecho, en el factor determinante que lleva a los dueños de los inmuebles ilegales a asumir su derribo. En 398 de las 410 demoliciones realizadas a instancias de la APLU del 2010 al 2014, fueron los propietarios de esas edificaciones quienes las echaron abajo voluntariamente, para aligerar así la factura.
Es un problema que parece inquietar menos a promotoras de grandes urbanizaciones y a establecimientos hosteleros, que siguen eludiendo la piqueta a pesar de que tienen órdenes de derribo desde hace años. En esa situación está, por ejemplo, el Talaso de Oia. El Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) declaró nulas en el 2009 las licencias que el Concello había otorgado en el 2000, lo que obliga a demoler el complejo, como ratificó el TSXG hace dos años. El Ayuntamiento encargó por orden judicial el proyecto de derribo. Le costaría 500.000 euros. Y la propiedad del Talaso le reclama 18 millones. Pero la instalación hotelera de cinco estrellas sigue en pie.
La nueva norma dará oxígeno a los dueños de miles de casas y naves fuera de ordenación
La nueva Lei do Solo, que está en la recta final de su tramitación parlamentaria, normalizará de forma automática la situación de miles de viviendas y naves en las cuatro provincias que se encuentran técnicamente fuera de ordenación, porque fueron edificadas antes de que el municipio correspondiente tuviera plan urbanístico. No se trata, por tanto, de construcciones ilegales, sino que al ser anteriores al planeamiento no se adaptan a las reglas urbanísticas. Esto causa contratiempos a sus propietarios, que no pueden utilizar esos inmuebles como garantía hipotecaria y tienen mayores limitaciones en la ejecución de obras y reformas.
Chalés de lujo junto al mar
Mientras la ley abre vías para dar seguridad jurídica a los dueños de las viviendas y naves que están en esa tesitura, grandes promotoras se hacen fuertes para regatear la norma y las órdenes judiciales de demolición. Así sucede en la urbanización de 52 chalés de lujo en la playa de Raeiros, en San Vicente do Mar (O Grove). Política Territorial autorizó obras para una instalación turística en 1992. Un año después, otorgó licencia para un apartotel. Pese a la evidencia de que lo que allí había eran viviendas, la Xunta no movió ficha hasta el 2007, cuando ordenó devolver la parcela a su estado original tras resolver que las obras realizadas suponen una parcelación urbanística en suelo rústico. La APLU acordó demoler en el 2010. El TSXG lo secundó y que el Supremo lo ratificó en el 2013. La promotora no cumple y la Axencia sigue imponiendo multas coercitivas. Ni siquiera una sanción de 600.000 euros ha tenido efecto. Cada uno de esos 52 chalés junto al mar se vendió en su día a 540.000. Justicia tumbó en marzo un nuevo intento de la inmobiliaria de legalizar esa urbanización.