Nuestra sociedad está herida de gravedad. Y no sabemos cuan profunda es la herida, aunque podemos intuir que es mucho más de lo que imaginamos. Uno de nuestros niños pretende ser expulsado de su escuela por su diversidad. Y quienes lo pretenden son de los nuestros. Son algunos padres de los compañeros de clase de ese niño. Son ciudadanos de nuestro estado de derecho. Veinte contra uno. Un golpe al corazón de todos y cada uno de nosotros incluidos ellos mismos y sus hijos. Porque los principios y valores basados en el respeto de los derechos humanos son la base de una sociedad democrática, justa y solidaria. Y hechos como este debilitan a esos pilares, enferman nuestro corazón. Como sociedad, como vecinos y como amigos no podemos permitirnos que esto ocurra en nuestras escuelas, con nuestros niños. Y lo digo en plural, sí, con nuestros niños. Que no se equivoque nadie, el daño infringido no ha sido solo al niño que se pretende expulsar y a su familia, sino especialmente a los compañeros del mismo, hijos de los padres que no les llevaron al colegio días atrás en motivo de protesta y a modo de presión. Esos niños de 8 y 9 años han aprendido algo que les permitirá seguramente en algún momento de su vida actuar de la misma manera, un aprendizaje forjado bajo la ignorancia y los prejuicios de sus padres acerca de la diversidad funcional. Terrible vivencia que sin duda moldea actitudes, creencias y sentimientos. Tremendo daño el causado a todos. Y si vamos al fondo de la cuestión, ¿quién o quiénes son los responsables de tal ignorancia y de dichos prejuicios? Pregunta difícil de responder, aunque sin duda la educación en su sentido más amplio, entendida como herramienta de transmisión no solo de conocimiento sino también de valores, está en la base del problema. Y en esa educación todos nosotros somos corresponsables y tenemos la obligación humana y moral de velar para que nuestros principios sean aprendidos por nuestros pequeños, y así ellos cuando sean adultos, puedan a su vez enseñarlos con el ejemplo a los suyos. Lo mínimo que deberían hacer esos padres que no han sabido percatarse de su ignorancia, y que atrapados en sus prejuicios, -seguramente fruto también de una deficiente educación-, debería ser reflexionar e intentar pensar de forma más crítica cuestionándose a sí mismos, y buscar ayuda para sus hijos, al fin y al cabo víctimas al igual que el niño al que pretenden expulsar. Quizás esa ayuda podría ejercerla de oficio la propia Administración educativa, algo que ya se debería haber realizado antes de que todo esto trascendiera de la forma en que lo ha hecho. Y a lo mejor, si sabemos hacerlo bien conseguimos al final reforzar esos pilares que en estos momentos se encuentran debilitados. A lo mejor, si lo hacemos juntos. Lástima que crecer como sociedad sea a costa del dolor y sufrimiento de los más vulnerables. Pero tenemos el deber de seguir adelante, intentando no tropezar de nuevo con la misma piedra y aliviando los daños causados. Desde la Fundación Gerard, entidad que vela por los derechos de las personas con diversidad funcional promoviendo la participación y el éxito de las mismas en la comunidad, queremos expresar nuestra total repulsa y consternación por estos hechos. Queremos también manifestar públicamente que estamos apoyando a la familia afectada y que vamos a seguir haciéndolo hasta que se resarza el daño causado, utilizando para ello todas las herramientas que sean necesarias en virtud de nuestro Estado de Derecho. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y un mensaje: «Esto lo vamos a resolver entre todos, porque es un problema de todos».
Carme Fernández es directora de la Fundación Gerard. Psicóloga y experta en educación inclusiva.