Destapan una estafa masiva que eludía multas usando el carné de un preso

ourense / la voz

GALICIA

Pilar Canicoba

Los denunciados atribuyeron al encarcelado 55 multas de radar en seis años en Galicia

19 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Había colado tantas veces lo del «carné del portugués» que quienes utilizaban la fotocopia de un ciudadano luso para evitar multas y pérdidas de puntos en Galicia por excesos de velocidad, descuidaron los detalles. Enviaron la fotocopia del carné de conducir al que le atribuían la infracción sin percatarse de que había caducado en el año 2014. Desde la Jefatura de Tráfico de Ourense advirtieron al supuesto conductor de que había vencido el plazo, y la respuesta llegó a los pocos días: la misma fotocopia y la misma foto del conductor, pero con una fecha diferente. Fue tirar del hilo y acabar documentando 55 infracciones por exceso de velocidad en los últimos seis años cometidas siempre por el mismo conductor, con domicilio en un edificio de la zona rural del municipio de Lalín.

El trabajo del GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) de la Guardia Civil de Tráfico de Ourense ha dado como fruto, en una operación que sigue abierta, una denuncia contra trece personas, entre los que se incluye al supuesto cerebro de la trama, un vecino de Lalín que hace años se había dedicado al transporte y podía, por tanto, tener el permiso de conducir del chófer portugués. También están denunciadas las personas que residen en el mismo domicilio y firmaban los certificados que llegaban a nombre del portugués Pedro P., quien, obviamente, no vivía allí; un empresario vinculado con el sector del automóvil de O Carballiño que supuestamente ponía en contacto a alguno de los denunciados con quienes luego «tramitaban» la falsedad, y también alguno de los propietarios de coches que se prestaron a estas maniobras para evitar las pérdidas de puntos.

Los agentes del GIAT llegaron hasta el presunto infractor, un portugués que se encontraba en una prisión portuguesa y que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo.

Los propietarios de los coches, por su parte, desconocían, al menos en algún caso, la fórmula empleada. Pagaban el dinero de la multa al intermediario y se desentendían del resto de la operativa, sin demasiadas preguntas, acaso suponiendo que el portugués se prestaba de buena fe. Era como quien la adjudica al abuelo con carné, que ya no conduce y no le importa perder puntos.

En las cuatro provincias

Las denuncias a que se refiere esta operación ya han sido trasladadas al juzgado y afectan a conductores de las cuatro provincias gallegas, repartidos la mayoría de ellos entre Ourense, Pontevedra y Lugo, y menos en A Coruña.

La investigación desarrollada durante los últimos meses por los guardias civiles del GIAT, en estrecha colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense, ha permitido determinar que cinco de los vehículos denunciados tienen a empresas titulares, por lo que la eventual responsabilidad está sin determinar.

El descubrimiento de esta trama, pocos meses después de que en Ourense se juzgara un caso con un indigente, deja abierta la posibilidad de que aparezcan tramas diferentes.

Para evitar esta picaresca, Tráfico y la Guardia Civil perfeccionan actualmente un sistema de alertas, ya en servicio, que envía a las patrullas de carretera la identificación de vehículos que son cazados por los radares fijos instalados en las carreteras.

La Agencia Tributaria no podía embargarlo porque es insolvente

La mecánica estaba bien pensada. No descartan en la Guardia Civil de Tráfico que pueda haber más Pedro P. en las multas impagadas. El radar fijo detecta un exceso de velocidad. La sanción la tramita Tráfico, que la envía al titular del coche. El propietario señala e identifica al portugués y ofrece una dirección de Lalín, con el fin de que el expediente siga su curso, sin boletines oficiales, ni otros enredos. La vía de apremio hace entrar a la Agencia Tributaria, pero el infractor no tiene medios en España, ni cuentas ni otras propiedades sobre las que practicar un embargo. Caso cerrado, sin cobrar la sanción. Las 55 multas perdidas suman 12.000 euros, que es la cantidad que presumiblemente ganó el detenido de Lalín por su actuación al menos desde el año 2009.