
La jueza está a la espera de un oficio sobre la situación de las tres mujeres indias
28 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Tres cosas están perfectamente claras en el caso de las tres monjas de nacionalidad india que el pasado sábado abandonaron el convento de las Mercedarias de Santiago tras una denuncia a la policía de una excompañera que dijo que estaban retenidas en contra de su voluntad. La primera es que las tres mujeres ingresaron por decisión propia en la congregación y que formaron parte de ella libremente durante entre 15 y 17 años. La segunda es que todas ellas contaban con la documentación en regla para poder residir legalmente en España. Y la tercera es que dos de ellas habían comunicado oficialmente el 14 de enero que querían colgar los hábitos. ¿En qué se centra por tanto la investigación abierta por la jueza compostelana Ana López Suevos? En determinar si la madre superiora, María Luisa Melero, retenía o no los papeles de las religiosas para hacerlas creer que si se marchaban de allí serían deportadas porque estaban en situación irregular. Solo así la Fiscalía podría sustentar un presunto delito de detención ilegal, que es junto a los de coacciones y amenazas, los que podrían concurrir en este asunto.
Tanto la exmonja que denunció los hechos, como las otras tres que decidieron dejar el convento tras declarar ante la policía, dieron la misma versión. Afirmaron que la superiora les decía que solo podían residir en España si permanecían en el convento y que si lo dejaban tendrían que regresar a la India como deportadas. No serían por tanto conscientes de que tenían los papeles en regla y es por eso que la investigación judicial debe centrarse en este aspecto concreto de los hechos.
Las tres religiosas indias también han explicado que su mayor temor era el de ser deportadas porque no querían regresar a su país. Un miedo que además no era una mera sensación, sino que en el 2011 habían visto como les sucedía a dos compatriotas compañeras de congregación que fueron enviadas de vuelta a la India cuando manifestaron que querían colgar los hábitos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya ha confirmado que este extremo también se investigará, dado que aquellas mujeres también tenían sus papeles en regla y podrían haberse quedado en España. Habrá que determinar si su salida del país fue pues voluntaria o forzada.
Ninguna de las tres religiosas ha querido presentar denuncia, lo que sin duda no contribuye a reforzar la acusación. Tendrá que ser ahora la Fiscalía la que decida si actúa de oficio e investiga el asunto o si solicita su archivo. Lo más lógico es que no le dé carpetazo sin antes escuchar el testimonio de al menos la madre superiora y quizás también de las otras seis monjas que aún forman parte de la congregación de las Mercedarias en Santiago.
Un último informe
La jueza en la que ha recaído el asunto porque estaba de guardia está ahora pendiente de un último oficio para poder remitir el caso al Decanato y que decida en cuál de los tres juzgados de instrucción que hay en la ciudad acabará el caso definitivamente. Este trámite consiste en un informe de la Brigada de Extranjería y Fronteras en el que se explica en qué situación han quedado las tres mujeres. Es decir, que están en un piso de acogida y tuteladas. Se trata de un mero formalismo, pero necesario para poder activar un proceso judicial que no tendrá carácter de urgente y que por lo tanto se demorará algunos días.
Hasta que no se produzca la asignación definitiva del caso a un juzgado la Fiscalía no dará el siguiente paso. El asunto está en manos de la fiscala Arancha San José González. Ella será quien deberá decidir si llama o no a declarar a la madre superiora en calidad de investigada.