El juez abre juicio a la cúpula de Camps por la financiación del PP valenciano
GALICIA
Costa y Rambla, entre los 18 acusados por delitos electorales y fiscales, al pagar dos millones a la Gürtel por tres campañas
27 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Buena parte de la cúpula del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) con Francisco Camps como presidente se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por delitos relacionados con la financiación irregular de la formación regional. Los hechos se remontan al 2007 y al 2008. Se trata por los supuestos pagos de más de dos millones de euros en negro por más de medio centenar de actos celebrados en las elecciones municipales y autonómicas y en las generales de esos años.
En la lista negra se encuentran pesos pesados como Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV entre el 2006 y el 2009 y exdiputado autonómico; Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat; David Serra, exvicesecretario general y de organización del PPCV y exdiputado autonómico; Yolanda García, antigua gerente regional y Cristina Ibáñez, exgerente de los populares valencianos. Todos ellos formaban parte del núcleo duro del partido durante el mandato del expresidente Camps. A esos cinco acusados por delitos electorales y de falsedad documental, con peticiones de prisión de Anticorrupción que alcanza los ocho años para Costa y Rambla, el juez suma otros 15 procesados, a los que añade el delito fiscal en algunos casos. Se trata de los cabecillas de la trama liderada por Francisco Correa y los empresarios valencianos que pagaron en B dichos actos políticos a cambio de recibir adjudicaciones de la administración pública valenciana. En este grupo están Correa, su mano derecha Pablo Crespo o Álvaro Pérez, el Bigotes.
Nombres en clave
El juez José de la Mata detalla que los empresarios sufragaban pagos de servicios adeudados por el PPCV a Orange Market, empresa del Grupo Correa creada en el 2005, cuando la trama Gürtel amplió su negocio de Madrid a Valencia, «mediante contratos que presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios».
La investigación de todos estos años permite concluir, según el juez, la existencia de una forma de pago de «carácter dual» por parte del PP valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado caja A o «Alicante» en algunas conversaciones y documentos ) y otra parte presuntamente en dinero «con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado «Barcelona»). Estas cantidades engrosarían la caja B de Orange Market y la del grupo. En el desarrollo de las campañas los procesados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral. Con el propósito de obtener mayor despliegue de medios en los procesos del 2007 y el 2008, «los acusados integrados en el PPCV contrataron a Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros».