Manuel Almenar: «La digitalización acabará con la relación pasiva de los ciudadanos con la Justicia»

Manuel Almenar, magistrado de la sección primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, forma parte del grupo de jueces que coordinan el proceso de digitalización de la Justicia. En Pontevedra, precisamente, se está llevando a cabo la experiencia piloto del visor digital, el programa que permite a todas las partes seguir la marcha de un procedimiento y acceder a las piezas de un expediente a través de un ordenador, una tableta o un teléfono móvil. Es el paso imprescindible para la puesta en marcha del expediente digital, que, si todo sale bien, absorberá por fin las ingentes cantidades de papel que sigue manejando la Justicia.

-¿Cómo estamos en el recorrido hacia la digitalización?

-Como en todo gran cambio, la implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia, dada la situación de partida en la que se encontraban los juzgados, ofrece dificultades. No obstante, el proceso va avanzando con unas expectativas bastante favorables.

-Parece que el gran ausente es el expediente digital, en el que debería desembocar la producción de todos los agentes.

-Sí. El proyecto de digitalización tiene una serie de fases, la primera de las cuales era disponer de un depósito de información con soporte informático en el que se recogieran todos los trámites. De ahí que se decidiera, primero, implantar los medios materiales: redes, ordenadores, etcétera. La segunda es establecer la presentación telemática de todos los escritos y documentos que llegasen a la Administración de Justicia. En esta segunda fase estamos ahora.

-¿Y hay avances?

-En Pontevedra estamos pilotando la herramienta que permite trabajar sobre la información digitalizada, lo que se llama el visor, que es una especie de Word para el funcionamiento de la Administración de Justicia. También es verdad que se fijó como fecha de entrada en vigor del expediente digital el 7 de julio, pero esa fecha tiene más bien carácter orientativo que real. En la inmensa mayoría del territorio nacional va a ser imposible. En Galicia vamos a intentarlo.

-¿Nos adelantaremos también en cuanto a eliminar el papel?

-La ventaja en Galicia es que nos anticipamos un año a la entrada en vigor de la obligación de presentarlo todo telemáticamente. Aquí ya el 1 de enero del 2015 se empezaron a extender las experiencias piloto, primero en A Coruña y Pontevedra y después en Ourense y Lugo. Se empezó por el orden jurisdiccional civil y después se extendió al social y al contencioso, con algunas experiencias piloto en el penal. De manera que cuando entró en vigor la obligatoriedad de que los profesionales presentaran los documentos de manera telemática, aquí ya llevábamos mucho avanzado. Lo que no quiere decir que no haya disfunciones, que es lógico que se produzcan en una reforma de este calado.

-¿Habría habido menos disfunciones sin las restricciones presupuestarias de la crisis?

-Bueno, este tipo de cambios requieren sobre todo una visión política de cómo desarrollar el proyecto. Requieren una gestión del cambio y requieren, por supuesto, recursos materiales. No obstante, es verdad que dentro de la situación de crisis que padecemos en general, la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ha destinado a la Justicia bastantes recursos.

-¿Se han tenido en cuenta las necesidades de los juzgados?

-Puedo hablarle de nuestro caso, y aquí, por parte del grupo de trabajo de la sala de Gobierno, se fijaron cinco requisitos esenciales para garantizar que el sistema funcionase. Reclamamos una mejora de las redes y que se pusiera en todos los puestos de trabajo una doble pantalla. Se exigió que los documentos que accedieran al sistema estuvieran perfectamente indexados: si se presenta una demanda con 200 documentos y lo único que se hace es digitalizarlos, sin orden, con eso no se puede trabajar. Se propuso la posibilidad de trabajar a control remoto, por ejemplo desde las salas de vistas, para que se pueda acceder al sistema y mostrarle a un testigo un documento, o a un perito un dictamen. Y se pidió un instrumento para trabajar con la información que está en el expediente digital, y eso se consigue con el visor.

-Usted es una persona joven y, suponemos, habituada a la informática. ¿Ha observado renuencia entre sus colegas a abandonar el papel para pasarse a la nube?

-La Administración de Justicia, como todas las Administraciones en general, es renuente al cambio. Cualquier modificación produce... no rechazo, pero sí recelo a que pueda suponer la pérdida de datos, a que pueda afectar a derechos de los ciudadanos, a que pueda cambiar las condiciones de trabajo, y todos esos recelos hay que ir superándolos poco a poco. Todavía hay situaciones en las que alguien echa de menos que en un documento digital no haya una firma manuscrita. Pero de la misma manera que nos hemos acostumbrado a nuestro DNI electrónico, o a sacar billetes directamente de las aerolíneas, nos acostumbraremos al expediente digital.

-A pesar de los fallos, de los sistemas que se caen, del excesivo gasto de papel, todos los estamentos de la Justicia parecen estar de acuerdo en que la digitalización es necesaria.

-Así es. Esto no quiere decir que se haga a cualquier precio. Pero, una vez puestos los medios, no nos queda otra, si no queremos que la Justicia se quede fuera del mundo. Por un lado, es básico para que la Administración de Justicia funcione de manera más ágil. Pero esto casi sería lo de menos ante otro objetivo esencial, que es cambiar el modelo de relación entre la Justicia y los ciudadanos. Tradicionalmente, los ciudadanos suelen asumir un papel pasivo, están a la espera de lo que la Administración de Justicia les va ordenando. Con las nuevas tecnologías, el ciudadano pasa a tener un papel activo. Podrá ver la marcha de un procedimiento simplemente introduciéndose en el sistema con sus claves; podrá tener conocimiento en tiempo real de los trámites que se están dictando, de cuándo ha sido fijada una vista, El ciudadano será un sujeto activo y no pasivo.

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