Admite la proposición del PSOE, con el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos
06 abr 2016 . Actualizado a las 11:05 h.El Congreso, con 112 votos en contra, 41 abstenciones y 186 a favor, aprobó el martes la toma en consideración de la proposición socialista para paralizar el calendario de aplicación de la Lomce, como paso previo a su derogación. La ley para la mejora de la calidad educativa fue una de las más polémicas y trascendentales de la anterior legislatura, que el partido que sustentaba al Gobierno aprobó en solitario, gracias a su mayoría absoluta y a pesar de las críticas de buena parte de la comunidad educativa. La primera proposición de ley debatida y aprobada en esta legislatura contempla también la suspensión de las normas dictadas en su desarrollo que no hubieran tenido aún vigencia o aplicación efectiva.
La paralización de la llamada ley Wert, que incluye la reválida en sexto de primaria para este curso y las de ESO y Bachillerato para el próximo, se quedará en nada si finalmente no hay un acuerdo para formar Gobierno, ya que los plazos para su tramitación hacen imposible que se apruebe antes de que el 2 de mayo se disuelvan las cámaras
Las reválidas y los rezos
El portavoz socialista Rafael Simancas señaló que su grupo pide paralizar esta ley, como primer paso para luego derogarla, no solo por haber sido impuesta por el PP sin diálogo y por atender solo «de manera sectaria» a las ideas e intereses que defiende este partido, sino también porque «provoca incertidumbre, confusión, dificultades prácticas y graves perjuicios en los centros educativos, a los profesores y los alumnos» y, en definitiva, porque es una «mala ley». Simancas abogó por un gran pacto social y político por una educación de calidad y con igualdad de oportunidades frente al «atraso, la desigualdad, el autoritarismo y el clericalismo añejo que representa la Lomce», que calificó como «!a ley de las reválidas y los rezos», en alusión al hecho que la religión sea materia evaluable. Pero admitió que el consenso con el PP será difícil por las «grandes diferencias ideológicas» que los separan.
Todos los grupos, excepto el Popular, criticaron duramente la que es la séptima ley de educación de la democracia. También el portavoz de Ciudadanos, Toni Roldán, quien no obstante explicó que su grupo se abstenía porque «la solución no es volver a la ley Zapatero», sino «sentarse a la mesa y encontrar respuestas a los problemas» educativos. Además, justificó no votar a favor de la proposición socialista porque es anterior al acuerdo que firmaron Pedro Sánchez y Albert Rivera y ya hay un nuevo escenario. Roldán acusó al PP y el PSOE de haber utilizado la educación como arma arrojadiza de confrontación y abogó por «un gran acuerdo transversal». Ione Belarra, de Podemos, aseguró que su grupo apuesta por la derogación «completa, inmediata e inequívoca» de una ley que pretende convertir la educación en «negocio de unos pocos».
La portavoz del Grupo Popular Susana Moneo acusó a los socialistas de utilizar de nuevo la educación como materia de confrontación política. Se expresó en contra de «volver a recetas educativas del pasado» y expresó la necesidad de un gran pacto por la educación «de una vez por todas».
La Cámara baja desautoriza las leyes aprobadas con la mayoría absoluta de Rajoy
La soledad del PP en un nuevo escenario político radicalmente distinto del anterior se visualizó el martes en las diferentes votaciones en el Congreso, que desautorizaron una tras otra las leyes más polémicas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trató fundamentalmente de un acto simbólico, de un reproche y rechazo general a leyes impuestas que ya no cuentan con el respaldo de la nueva Cámara y un aviso a los populares de que se cambiarán en cuanto sea posible.
Seguridad ciudadana
Derogar la «ley mordaza» y paralizar la devoluciones en caliente. La comisión de Interior aprobó, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, solicitar al Gobierno que derogue la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada «ley mordaza», en concreto los preceptos que los socialistas recurrieron ante el Tribunal Constitucional. La proposición no de ley también le insta a «paralizar de manera inmediata las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, ya que estas prácticas no son acordes a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por España.
Prisión permanente
Inconstitucional y propia del populismo punitivo. Todos los grupos excepto el PP aprobaron en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados instar al Gobierno a la derogación de la prisión permanente revisable por considerarla una medida «inconstitucional» que, basándose en el «populismo punitivo», aleja a España de los países de su entorno europeo.
Justicia
No aplicar la limitación de los plazos de instrucción. La comisión de Justicia acordó solicitar al Gobierno que tome las medidas necesarias para que no se aplique la limitación de los plazos de la instrucción judicial. A falta de un mes para que se cumpla ese plazo de medio año en el que se deben culminar las investigaciones penales simples para las que no se haya solicitado una prórroga -el plazo es de 18 meses en las causas declaradas complejas-, todos los grupos menos el PP se pusieron de acuerdo para reclamar que no se aplique esa «ley de punto final».