El abogado del maquinista del Alvia cree que la reapertura de la instrucción «aclarará muchas cosas»

Manuel Prieto, el abogado del maquinista que conducía el tren Alvia que en julio del 2013 descarriló en Angrois, se ha mostrado este viernes satisfecho con la reapertura de la instrucción judicial, y ha advertido de que «ahora se aclararán muchas cosas».

Prieto ha admitido que el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña, que, en contra del criterio del juez y del fiscal, establece que la investigación debe continuar, «no recoge todo» lo que le «gustaría», en relación a su recurso y a su petición de diligencias, pero ha destacado que la evaluación del riesgo en la curva es «esencial» y, además, «lleva implícito todo lo demás».

«Con un análisis de riesgo bien hecho, todas las medidas que después se tomaron se habrían puesto», ha llamado la atención Prieto, para reprobar -como ya decía en su recurso contra el cierre de la causa- que Adif, el encargado de velar por la seguridad en la vía, hizo dicha evaluación «en la práctica, con 80 muertos», y no antes. Ahora, ha señalado, en alusión a lo que indican los magistrados de la Audiencia, «el juez debería practicar diligencias», y en su opinión tendría que tomar estas decisiones «rápido», tras «año y medio» en el que le ha echado en cara poca actividad en el caso.

Para el letrado que defiende a Francisco Garzón, que aquel día conducía despistado tras atender a una llamada telefónica del interventor del tren, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha de llamar «a todos los peritos», después de que solo pidiese ratificar ante él los informes de los tres designados judicialmente, y no los de parte, y también considera apropiado que comparezcan en sede judicial determinados expertos y técnicos conocedores de la infraestructura.

De hecho, los magistrados de la Audiencia Provincial reclaman que el juzgado llame al menos a dos de los autores de peritajes: el que elaboró un experto para la aseguradora de Renfe (QBE) y el que redactó un catedrático por encargo de uno de los peritos judiciales. Los dos apuntan como clave la carencia de un análisis de riesgo integral, y ponen en cuestión la metodología empleada por Adif.

Para Prieto, «si no hay una evaluación de riesgo, habrá que imputar», en concreto, a responsables de Adif. Preguntado por cargos que deban responder por la eventual ausencia de este análisis, se refiere al director de seguridad en la circulación, y también a «gerentes de área y directores por encima de él». «Como no han declarado, no sabemos lo que se hizo, si no le dieron los medios o si no pidió que se hiciera», ha reflexionado. En el 2014, y ante el primer juez instructor, Luis Aláez, 12 excargos llamados por él, entre ellos el exdirector de seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte López, se acogieron a su derecho a no declarar.

Desde el punto de vista del abogado del maquinista, Cortabitarte, «como mínimo», debería acudir a los juzgados compostelanos a declarar. «Parece obvio», subraya.

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