Los «gorrillas» proliferan en Galicia: «Por dos euros te vigilo el coche»

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No están fuera de la ley. O eso, al menos, dice el Ministerio del Interior, que no califica este tipo de actividades como ilegales, al entender que lo que hacen es «indicar los lugares libres para aparcar» y, a veces, «comprometerse a vigilar el vehículo». Pero en algunas ciudades la actividad de los gorrillas se está convirtiendo en un grave problema. ¿Van a hacer algo al respecto los ayuntamientos? Ni en Lugo ni en A Coruña han conseguido impulsar una ordenanza con el fin de vetar o regular la actividad de los gorrillas, a pesar de recibir constantes quejas ciudadanas.

Ourense y Santiago de Compostela son las dos únicas grandes ciudades gallegas que, según datos municipales, no registran ningún tipo de actividad de gorrillas. En concreto, la Policía Local de Santiago aclara que hace años que no se realiza ninguna denuncia contra estos.

Las zonas más afectadas son, en su mayoría, el centro de las ciudades y los alrededores de instalaciones hospitalarias, aunque en ciudades como Vigo también se han asentado en los aparcamientos contiguos a grandes supermercados.

«Solo pedimos la voluntad»

Estos peculiares aparcacoches exigen una pequeña tarifa que puede llegar a ascender a 5 euros, tal y como ocurre en el hospital de Lugo. También podemos encontrarnos con el caso contrario, que no pidan una cantidad específica, sino la voluntad de la gente. Esta popular muletilla puede llegar a ser engañosa, ya que si no se les ofrece la cantidad de dinero que quieren la voluntad ya no les sirve.

Ante los policías, que realizan numerosas rondas para vigilar que no se produzcan altercados, los gorrillas se exculpan diciendo que «no obligan a nadie a pagar». No obstante, son muchas las personas que temen que les rayen el coche o les pinchen las ruedas, por lo que terminan dándoles dinero a los aparcacoches. ¿Una mayor vigilancia policial evitaría este tipo de actos? Puede que la actividad de los gorrillas no sea ilegal, pero sí se convierte en delito si estos realizan algún daño a los coches que los usuarios aparquen. Precisamente, el principal miedo de los usuarios si no acceden a pagar lo que piden.

Uno de los casos que más quejas ha recibido recientemente es el registrado en las inmediaciones del complejo hospitalario Lucus Augusti, en donde los gorrillas han llegado a exigir hasta cinco euros por dejar el coche en lo que serían aparcamientos gratuitos. En el Ayuntamiento de Lugo, PP y PSOE están intentando elaborar una ordenanza cívica para solucionar este problema.

No hay normativa

También los alrededores del hospital Arquitecto Marcide de Ferrol se ven afectados por las actividades de los gorrillas, que no dudan en solicitar «una ayuda voluntaria». La Policía Local se persona de forma bastante regular para controlar que no haya ningún tipo de altercado, pero al no haber una norma que prohíba la actividad de los gorrillas, no pueden hacer nada al respecto mientras estos no alteren el orden público.

Vigo, a diferencia del resto de las ciudades gallegas, es la que más aparcacoches tiene en las inmediaciones de grandes superficies comerciales, como es el caso del Alcampo de Coia. Los aparcamientos de los hospitales de esta ciudad también se encuentran custodiados por los gorrillas: hasta 8 diferentes hay en los aparcamientos del hospital Xeral de Vigo, si bien con el cierre de este el número ha descendido y muchos de ellos se han desplazado a las inmediaciones del hospital Povisa.

En Riazor, por 2 euros

En A Coruña el problema se concentra en las inmediaciones de Riazor, en el aparcamiento del palacio de deportes, en donde los gorrillas se sitúan en los sitios vacíos a la espera de que alguien quiera aparcar para solicitarle hasta dos euros por ocupar una plaza, en principio, gratuita. También se pueden encontrar en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva de la torre de Hércules o en el párking contiguo al centro cívico del Ágora, en el barrio de Agra do Orzán.

En la ciudad de Pontevedra, los gorrillas esperan en el párking disuasorio situado entre los puentes del Burgo y Santiago. La Policía Local, tras haber realizado numerosos estudios preventivos, concluyó que se trataba de una actividad irrelevante desde el punto de vista del orden público.

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