El diputado popular no ingresó la fianza de 213.000 euros como medida cautelar
19 ago 2016 . Actualizado a las 16:18 h.La magistrada del juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ordenó el embargo de los bienes del diputado popular y exalcalde de Cambre Manuel Rivas Caridad. En concreto, de una nave industrial ubicada en el polígono de Sabón, en el municipio de Arteixo, cuyo valor catastral supera los 1,4 millones de euros. Lo llamativo en este caso es que este inmueble supera con mucho la fianza de 213.000 euros que le fue impuesta como medida cautelar en las diligencias previas abiertas contra él por un delito de prevaricación cometido, supuestamente, en la organización del festival Brincadeira durante el año 2012.
El pasado mes de mayo, el mismo juzgado dictó una providencia por la que se le requería al diputado una fianza de 160.000 euros con apercibimiento de embargo en caso de no hacerla efectiva. Ese aval quedó suspendido durante un tiempo, mientras se resolvía en tan solo dos meses el recurso presentado por el abogado de Manuel Rivas contra esa decisión. La jueza rechazó a mediados del mes de julio los argumentos del exalcalde y actual portavoz del grupo municipal del PP en Cambre. Es más, resolvió aumentar la fianza de 160.000 a 213.000 euros, ya que se habían olvidado de incluir la cantidad destinada a cubrir los costes judiciales -suele coincidir con la tercera parte de la cantidad de dinero reclamada-. Mientras el diputado realizaba los trámites para verificar la fianza -teniendo en cuenta que el mes de agosto suele ser un mes inhábil en los juzgados-, le llegó la decisión de la jueza de embargar la nave en el polígono de Sabón, donde tiene su sede la empresa que gestiona, Cortiplas, especializada en la transformación de poliéster reforzado con fibra de vidrio y en la que trabajan medio centenar de personas. Al mismo tiempo, anteayer le precintaron por orden del juzgado en su domicilio dos vehículos de su propiedad.
La cantidad del aval coincide con el dinero que no se recuperó tras el festival
El convenio firmado en el 2012 por el Concello de Cambre con las empresas LP 45 Producciones S. L. e Iceberg Audiovisual S. L. para la organización del festival Brincadeira fue polémico desde el principio. El pleno pidió explicaciones y decidió, por unanimidad, remitir la documentación a la Fiscalía, que advirtió un posible delito. UxC, que ahora lidera el gobierno en Cambre, se personó en la causa y reitera ahora su «absoluto respeto por las decisiones judiciales» y que su único interés es recuperar los 160.000 euros que el Concello aportó para el festival «y que nunca fueron devueltos a las arcas municipales». De hecho, la fianza impuesta al exalcalde por la jueza de Instrucción número 8 coincide con esa cifra, al margen del añadido posterior correspondiente a los costes judiciales. El procedimiento continuará en septiembre con la declaración de más partes implicadas, a la espera de que se marquen fecha y hora para el juicio oral.