Archivada la causa a dos concesionarios de Santiago por la operación Trucarro
GALICIA
La investigación concluye que Grupo Brea y Lobelle no manipularon cuentakilómetros
22 sep 2016 . Actualizado a las 12:41 h.Tras ocho años de larga investigación en los juzgados de Santiago, dos de los más importantes concesionarios de la ciudad que se vieron implicados en la llamada operación Trucarro han visto cómo finalmente la causa que en su día fue abierta contra ambos ha sido sobreseída y se ha declarado su archivo. De esta forma, tanto Grupo Brea como Autos Lobelle quedan al margen de las pesquisas por la presunta manipulación de cuentakilómetros en coches de segunda mano, un asunto que se inició en el 2008 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Compostela y que ya ha pasado por las manos de tres jueces: Javier Míguez Poza, José Antonio Vázquez Taín y, por último, Margarita Guillén Vázquez.
En el caso de Grupo Brea, el archivo de las actuaciones es reciente, ya que está fundamentado en un auto judicial que tiene fecha del pasado 8 de agosto. La firma esta formada por Brea Móvil (concesionario Audi), Brea Motor (Seat), Brea Automoción (Skoda), Breacar (Fiat) y Autocasión Brea Hervés. Sin embargo, el sobreseimiento data de mucho más tiempo en lo que respecta a Autos Lobelle, ya que fue decretado hace más de dos años. Esta empresa era concesionaria Nissan y ha cesado en su actividad.
En ambos casos, es la Fiscalía la que solicitó el archivo de la causa, ya que consideró que, tras haber practicado todas las diligencias de investigación que estimó oportunas, no ha hallado indicios de que ninguno de los dos concesionarios compostelanos cometiera un delito de estafa en la venta de vehículos.
En un informe que data de abril de este año, el ministerio público explica que, en lo que respecta a Grupo Brea, centró las pesquisas por la supuesta manipulación de cuentakilómetros en solo cuatro vehículos y que «los posibles perjudicados manifestaron que no había habido engaño». Cita también el auto que uno de los que figuraba como posible perjudicado «declaró que no pagó nada» por un vehículo que desde el taller le «habían prestado», por lo que se entiende que no se cometió ningún delito por parte del concesionario.
En lo que respecta a Autos Lobelle, el archivo de la causa estuvo fundamentado en que los vehículos incluidos en la investigación por la supuesta manipulación de cuentakilómetros eran en realidad coches propios de la empresa y que, según pudieron justificar los responsables del concesionario, ninguno de ellos salió a la venta, por lo que la Fiscalía también llegó a la conclusión de que no se había cometido ningún delito.
Con el archivo de la causa en lo que respecta a estos dos concesionarios compostelanos, la investigación se desinfla en buena parte, al menos en lo que respecta a Santiago. No obstante, la operación no se limitaba ni mucho menos a la capital gallega y en su día se vieron implicadas más de doscientas empresas ubicadas en toda Galicia, así como otras con sede en Asturias y León. La dificultad que entrañaba hallar pruebas concretas de la supuesta estafa en los cuentakilómetros quedó bien patente pronto y el primer juez que instruyó la causa ya advirtió al levantar el secreto de sumario que no aparecía «nítida por ahora» la comisión de delitos.
La acusación particular
La Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) se erigió como acusación particular al poco de iniciarse la investigación de la operación Trucarro. Sin embargo, ahora mismo ya no están personados en el caso, en el que ha quedado como única acusación la Fiscalía.
Ucgal justificó su decisión de apartarse del caso porque se encontraron con que eran muy pocos los supuestos perjudicados por el fraude en los cuentakilómetros de coches adquiridos de segunda mano que finalmente estaban dispuestos a reclamar en los juzgados.
Ante esta situación de falta de denuncias, la Unión de Consumidores de Galicia entendió que era muy probable que la operación Trucarro, pese a toda la polvareda que había levantado, quedase finalmente en nada, por lo que tomaron la determinación de renunciar a la acusación particular.