Xunta y oposición mantienen que se controlaría mejor desde Galicia la gestión de la AP-9
07 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El del traspaso a la Xunta de la titularidad de la AP-9 no es un debate nuevo y tampoco que la infraestructura de pago se haya convertido en bandera política frente a una concesión cuyo período de explotación se extendió tres veces a lo largo de su historia hasta darle el máximo legal de 75 años y situar la vigencia del cobro de peajes mucho más lejos que en otras autopistas de su misma generación.
Pero la renovada reivindicación del traspaso de su titularidad, frustrada primero por Ana Pastor y ahora por Íñigo de la Serna, coincide con dos hechos que inciden de la misma forma en el futuro del vial. La venta que los socios minoritarios de Itínere (la marca matriz de Audasa y Autoestradas) pretenden realizar de todo el grupo, por ahora sin éxito tras haberse marcado el 31 de diciembre pasado como horizonte para cerrar la operación, también condiciona un debate en el que se remarca la escasa vinculación accionarial que queda sobre la infraestructura. Un fondo de pensiones norteamericano, apoyado en sociedad por la vasca Kutxabank, es el mayor accionista del grupo, en el que Abanca mantiene el 23,8 % de las acciones, Sacyr otro 15,5 y Liberbank el 5,8 restante.
Tanto la Xunta como la oposición coinciden en que una AP-9 vigilada desde la Administración autonómica estaría sujeta a mayores controles y permitiría negociar directamente con la concesionaria la implantación de tarifas horarias y flexibilizar sus peajes, algo que sin embargo el Gobierno gallego no ha propuesto en los dos viales de peaje de los que es titular.
El Gobierno central se ha negado hasta ahora a abrir ese debate, aduciendo primero el interés general de la autopista y luego el descalabro que causaría en las cuentas públicas eliminar sus peajes si así lo llegase a decidir la Xunta. Fomento valoró en 4.300 millones el finiquito de Audasa, cifra considerada por el sector excesiva, que la fija en 2.000 millones.
Y mientras se reclama el traspaso para flexibilizar los peajes de la AP-9, esta registrará en el 2018 un alza después de mantenerse o caer durante tres años. El cobro por parte de Audasa de la inversión hecha en Rande y Santiago condicionará durante 20 años los peajes de la autopista gallega.