Un exconcejal asturiano del PP se plantea denunciar a Pilar de Lara por prevaricación y malversación
GALICIA
Cuestiona que no se identifiquen los hechos investigados y que se use Aduanas como policía judicial
16 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.En un escrito muy duro, la representación legal del exconcejal de Nava (Asturias) José María Osoro (PP) solicita del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, del que es titular Pilar de Lara, que anule todas las actuaciones sobre su patrocinado en el caso Pokémon, entre otras cosas, porque los hechos investigados «parecen ser los mismos respecto de los que ya se ha pronunciado el Juzgado número 3 de Avilés, acordando el sobreseimiento de la causa por prescripción», en relación con Aquagest. Pero además reclama información, en una clara declaración de intenciones, «al efecto de deducir el tanto de culpa por prevaricación y/o malversación de caudales públicos en que podría haber incurrido la magistrada».
El abogado, Gonzalo Botas, considera que las actuaciones en relación con su defendido son nulas por varias razones, una de ellas «la falta de comunicación de los hechos concretos». Otra es que la citación y la notificación fueron efectuadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Entiende que supone «un quebranto de las formas y garantías procesales, absolutamente inmotivada pues es la primera notificación oficial que se tiene de este procedimiento, una absoluta irregularidad inexplicable, que podría incluso suponer una malversación de caudales públicos al estar destinando a funcionarios de una administración a fines distintos de los propios, con lo que eso supone de desatención de sus funciones». Aún más: «La reiteración por el Juzgado en esta conducta de desatención de las más elementales normas procesales, podría incluso suponer la comisión de otro tipo de ilícito penal al dictar a sabiendas una resolución injusta, pues esta normas que rigen el procedimiento, no pueden ser desconocidas por el juzgado».
El abogado considera nulas igualmente las diligencias de investigación, atestados y demás labores de policía judicial realizada por el Servicio de Vigilancia Aduanera. El letrado señala que si los delitos que se pretende perseguir son los de tráfico de influencia, cohecho y revelación de información privilegiada, el SVA no es competente, porque, según su interpretación, solo lo es en relación con delitos de contrabando.