La Xunta sufrió 16 casos y antes del desalojo estudió la situación con los servicios sociales

La Xunta también sufre el movimiento okupa en sus carnes, que en cierta medida son las de todos. Tiene en propiedad un parque de 3.100 viviendas públicas en Galicia y ocasionalmente los usuarios de las mismas las abandonan sin avisar de su renuncia y, antes de que se detecte esa situación, son ocupadas ilegalmente. En los últimos dos años se registraron 16 casos en toda la comunidad, diez de ellos en la provincia de A Coruña, cuatro en la de Pontevedra, uno en Ourense y otro en Lugo, aunque este último se trataba de un local comercial.

Cada vez que se enfrenta a estas circunstancias inicia los expedientes de desahucio y da audiencia a los afectados, al tiempo que pone al tanto a los servicios sociales, que se encargan de certificar que no existen situaciones de vulnerabilidad y garantizan una alternativa en caso de desamparo. La Consellería de Vivenda admite que la pérdida de control de estas propiedades durante un tiempo suele generar destrozos que obligan a hacer costosas reparaciones.

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