El caso sigue sin cerrarse pese a las críticas de varias instancias judiciales
04 may 2017 . Actualizado a las 10:49 h.Hace más de ocho años, en las Navidades del 2008, saltaba a la opinión pública la primera operación de una jueza instructora de Lugo llamada Pilar de Lara. Era contra algunos agentes y propietarios de clubes de alterne por supuestos delitos contra las mujeres. Nacía así la operación Carioca, por ser casi todas mujeres brasileñas, y nacía el primero de los macro sumarios en un juzgado de instrucción de Lugo. El asunto creció desmesuradamente hasta los 90 imputados actuales y sigue en fase de instrucción, y sin muchas posibilidades de que acabe en juicio una causa para la que haría falta un pabellón de deportes para enjuiciar a tantos investigados. La jueza llegó a investigar con equipos de Madrid si había una prostituta asesinada y enterrada en un club, pero nunca apareció. Nueve años después, la Fiscalía de Lugo sigue leyendo miles de tomos y la Guardia Civil sigue haciendo rondas por una nave en ruinas que hace tantos años fue un club de alterne.
La Carioca fue el precedente de otra operación más conocida y polémica, la Pokémon, cuyas investigaciones se iniciaron en el 2011. En septiembre del 2012 Pilar de Lara ordenó detener al expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y exconcejal socialista de Lugo, Francisco Fernández Liñares. Tras tres días detenidos y numerosos interrogatorios buscando el pago de comisiones por supuestas adjudicaciones, tanto de su época de concejal como de presidente de la Hidrográfica, vino una cascada de detenciones como la del que era alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez, que incluso fue encarcelado un tiempo, y numerosos imputados como el entonces alcalde de Lugo, López Orozco, el exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, y el que ejercía en aquel momento, Ángel Currás, y varios concejales, como Albino Vázquez, que fue a prisión y salió bajo fianza, igual que el jefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas, y el jefe de Aquagest.
Con los pinchazos telefónicos a estos imputados de Santiago y Lugo, los investigados crecieron hasta los más de 80 que tiene hoy la operación, casi seis años después.
Alcaldes de municipios gallegos, como el de Ferrol de entonces, que llegó a estar imputado por una grabación de una voz hasta que se demostró que no era la suya, empresarios de Galicia, Asturias y Madrid (Vendex) desfilaron por Lugo o estuvieron encarcelados un tiempo, y muchos siguen a la espera de que la operación se mueva. Algunos aseguran que hace años que no tienen noticia de su caso, pero siguen como investigados porque el juzgado nunca les comunicó lo contrario.
Tardanza
La tardanza en instruir este caso llevó en varias ocasiones a pronunciarse públicamente contra esta lentitud de la Justicia a destacadas autoridades como el presidente del TSXG o el fiscal superior de Galicia. Pero nada cambió. Ni la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita el tiempo de las instrucciones, ni el nombramiento de un juez de apoyo para el juzgado de De Lara sirvieron para que las macrocausas se enviasen a juicio oral, aunque algunas cambiaron incluso el panorama político gallego.
Fracasó en su intento de relacionar regalos a políticos con pagos de favores en la Cóndor
El último de los reveses judiciales de la jueza Pilar de Lara fue en la operación Cóndor, que abrió contra el empresario del transporte Raúl López hace ahora dos años. El caso sigue en fase de instrucción, pero uno de los aspectos que la jueza segregó fue el regalo de botellas de vino de Raúl López por navidad a políticos como José Manuel Barreiro y José Blanco. Por ser personas aforadas, el asunto tuvo que ser tratado por el Tribunal Supremo, que rechazó que hubiese delito: «Se trata de regalos navideños que responden a actos de cortesía y no comprometieron la imparcialidad de los aforados en el ejercicio de las funciones públicas. No está probado que la finalidad del regalo fuera para obtener la complacencia de la autoridad para favorecer los intereses del empresario».
Hace un mes, el Tribunal Superior de Xustiza hizo lo mismo con acusaciones similares contra el presidente Feijoo y su vicepresidente Rueda. Y hace quince días la Audiencia de Lugo archivó la misma denuncia por botellas enviadas a personas no aforadas.