El ministerio acusa a Audasa, empresa concesionaria, de «enriquecimiento injusto»
30 jul 2017 . Actualizado a las 19:16 h.Era desde hacía ya tiempo una vieja demanda de la Xunta. Y Fomento, finalmente, ha recogido el guante. En un decreto publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Administración central ha anunciado que asumirá «por sí sola» el coste de la financiación de las gratuidades de los recorridos O Morrazo-Vigo y A Barcala-A Coruña, dos de los trayectos con más tráfico en la siempre polémica autopista AP-9. Se trata de una decisión aprobada en el último Consejo de Ministros, y que coincide justo con la visita que el ministro Íñigo de la Serna hará mañana a Santiago para reunirse con Feijoo. Un encuentro envuelto en polémica, después de que Fomento se haya negado a asumir la petición avalada por los cuatro grupos del Parlamento gallego para transferir a Galicia las competencias sobre la AP-9.
La decisión de Fomento de asumir la gratuidad de los peajes de Rande y A Barcala, un coste que hasta ahora venía compartiendo con la Xunta, supondrá para las arcas autonómicas un ahorro superior a los 6 millones de euros anuales. En concreto, la factura de los tráficos del 2016 -que de acuerdo con el convenio se paga en el 2017- supuso una cantidad de 6,4 millones. Según los datos que maneja la Administración autonómica, lo pagado por la Xunta desde el 2006 supera los 52 millones de euros.
Lo que la Administración gallega dejará de abonar hasta el final de la concesión, en el año 2048, sumaría una cantidad aproximada de 198,4 millones de euros, extrapolando los últimos datos de tráfico. Como el volumen de coches sigue aumentando, el ahorro en las tres próximas décadas para las arcas gallegas evitaría el pago de unos 200 millones.
Fomento recuerda que la supresión del cobro del peaje a todos los vehículos que efectuasen los citados recorridos se decidió hace once años para «solucionar los problemas de tráfico» de esos itinerarios.
La medida se adoptó de forma que se financiaba por la Administración General del Estado y la Xunta al 50 %. A partir de ahora, será el Ejecutivo central el que asuma este coste de forma plena. El decreto hecho público en el BOE relata que «durante el período transcurrido desde la entrada en vigor» de esta bonificación se puso de manifiesto «una diferente evolución de los ingresos por el peaje de los tramos en los que se implantó la supresión del cobro respecto a los del resto de la autopista». Es aquí donde Fomento lanza una dura crítica contra la empresa concesionaria, y que recoge la propia publicación del BOE en su redacción.
Desproporción
«Los importes abonados por la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia en concepto de compensación difieren sustancialmente de los que hubiera percibido la sociedad concesionaria de no haberse adoptado la citada medida», lamenta el ministerio en la norma hecha pública en el BOE. Por eso, Fomento considera esta situación «perjudicial para las administraciones implicadas» y habla de «un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria». De ahí que la Administración central vea necesario modificar el procedimiento de compensación.
La decisión de Fomento de asumir la gratuidad de los peajes de Rande y Barcala coincide justo en el mismo momento de que Audasa abriese el enlace sur de la AP-9 aplicando un peaje de 1,60 euros. Este es el trayecto que comunica Santiago con la localidad de Sigüeiro, en Oroso, donde hay un parque empresarial, lo que genera un tráfico considerable en vehículos de mercancías. Ya ha habido protestas vecinas por un coste que consideran excesivo y perjudicial tanto para las economías familiares como para las empresas.
Una proposición de ley en febrero del 2015 abrió una vía que ha sido unánime en Galicia
La batalla de la Xunta por gestionar la AP-9 no es nueva. En el 2009 Feijoo hizo varias peticiones para que Fomento revirtiese las competencias -antes y después de ser presidente de la Xunta, al Gobierno del PSOE- sin éxito. Sin embargo, el último intento comenzó en el 2015 con Ana Pontón, cuando ni siquiera era líder del BNG en O Hórreo.
Febrero del 2015. El BGN presentó una proposición de ley con dos artículos y cinco disposiciones adicionales.
Marzo del 2016. La ley se debate en el Parlamento de Galicia y cuenta con total unanimidad para su traslado a Madrid.
Mayo del 2016. El primer portazo oficial llegó en mayo. La ministra Ana Pastor comunicó a Ana Pontón que Fomento no permitiría el traspaso porque es una vía de interés general y de carácter internacional al llegar hasta la frontera con Portugal y enlazar con puertos y aeropuertos.
Octubre del 2016. El Gobierno veta el traspaso alegando que podría tener un efecto en los Presupuestos del Estado.
Enero del 2017. El Parlamento retocó la ley para soslayar el veto de Fomento: Galicia asumiría cualquier obligación económica derivada del traspaso.
Mayo del 2017. El Parlamento de Galicia aprueba por unanimidad la ley retocada y la envía para ser debatida en el Congreso.
Junio del 2017. Fomento veta otra vez el debate sobre el traspaso porque costará 554 millones a las arcas estatales.