Dice al juez que le investiga por irregularidades que todo son «mentiras por venganza»
18 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, declaró el viernes como investigado durante casi una hora ante el juez Juan Carlos Carballal para responder por un supuesto fraude de subvenciones de la UE en el 2015 a través de Gradiant, una desarrolladora de I+D de cuyo patronato, entonces presidido por la Xunta, él era miembro.
Cebreiros aseguró al juez que la denuncia presentada por el exdirector de Gradiant David Vázquez es «una mentira y una venganza». Añadió que, por los rigurosos controles de la UE, es «imposible» engañar al auditor.
También declaró el viernes el directivo de Televés, José Luis Fernández, miembro del patronato de Gradiant, quien también ve «imposible» tal irregularidad con dinero público. Insistió en que sus proyectos pasaron una auditoría «muy rigurosa sobre la relación económica y técnica». «Es un sinsentido, una pesadilla», dijo. El juez preguntó al empresario Cebreiros por el desarrollo de los proyectos Centinel y Xixic-Inf. El denunciante tildó esos trabajos de «cartón piedra», pero el jefe de la patronal replicó: «Los proyectos han sido auditados técnica y económicamente ante los fondos Feder. Están en marcha y con mucho éxito. Es imposible engañar al Feder, y menos una empresa pequeña como la mía. Nadie se arriesga a que la UE le reclame la devolución».
En el caso de Cebreiros, él operaba con Gradiant a través de la firma InfoJC. Confía en que el caso se archive definitivamente como ya hizo la Fiscalía en el 2015.
Cebreiros criticó la denuncia: «Se derivan muchas mentiras y falsas verdades» y explicó al juez los motivos por los que el exdirector Vázquez fue despedido por «incompetente». El denunciante no se personó para defender su causa por lo que, según dijo, «solo busca hacer daño».
En el 2015, Vázquez, tras su despido, denunció facturas irregulares cruzadas entre la empresa representada por Cebreiros y Gradiant. Supuestamente, inflaban las horas de trabajo de los ingenieros para justificar gastos ante la UE. Pero Cebreiros replica: «No estamos hablando de horas, sino de años de retos e incertidumbres en I+D». Dice que los contratos con los centros tecnológicos son por proyecto finalizado a un precio fijo y no por horas trabajadas. Y recalcó: «Las horas de producción de Gradiant no son baratas como para esto».
El presidente de la patronal pontevedresa insistió en que todos los trabajos fueron auditados externamente «año a año» por el CDTI, el ministerio y los fondos Feder y que «condujeron a proyectos reales». Negó que los proyectos presentados a las subvenciones fueran un «corta y pega» de otros con leves mejoras. «Eso no tiene sentido porque los proyectos no los pide Gradiant sino las empresas que vamos a concurrencia competitiva formando consorcios y donde un evaluador externo dice que este proyecto sí tiene innovación o I+D, y el ministerio emite las certificaciones para poder producir exenciones fiscales», aclaró el empresario.
Añadió que no es malo que un miembro del patronato impulse la contratación de proyectos de innovación entre su empresa y Gradiant. «Si no lo hace, estaría haciendo una dejación de sus funciones, porque el patronato debe impulsar el centro tecnológico, no hay incompatibilidad. Debería ser obligatorio», afirmó.
Cebreiros criticó al denunciante porque «no se puede decir que los 150 proyectos de Gradiant han sido de cartón piedra, que 100 profesionales se dedican a cortar y pegar, y que este centro de excelencia internacional no ha hecho nada en diez años hasta que llegó él». Niega que Gradiant funcione como una fábrica de proyectos con el único fin de captar subvenciones. «No tiene sentido que una empresa pague 30 euros por hora a Gradiant si sus empleados lo hacen por la mitad. El 70 % del coste lo pone la firma de su bolsillo», afirmó. El denunciante sugiere que el gasto podría estar inflado, pero Cebreiros replica que «nadie corre ese riesgo, porque te embargan».
La declaración prevista el viernes como investigado del ex director xeral de Innovación de la Xunta Manuel Varela quedó aplazada.