La crisis en Cataluña bloquea el pacto para una reforma del modelo actual, pese a la urgencia de algunas autonomías
25 nov 2017 . Actualizado a las 14:55 h.El acuerdo alcanzado en el Congreso para rebajar la cantidad que el País Vasco tendrá que pagar al Estado en concepto de Cupo durante los próximos cinco años agranda la brecha, que ya era enorme, entre la financiación anual por habitante que reciben los ciudadanos vascos y los de las comunidades del régimen común. La cifras son claras. A pesar de que el Gobierno insiste en que no hay trato discriminatorio, las últimas estadísticas publicadas por el propio Ministerio de Hacienda indican que cada gallego recibe al año una financiación de 2.282 euros, menos de la mitad de los 4.654 euros que le corresponde a cada ciudadano vasco.
BRECHA creciente
Casi 2.400 euros al año. Pese a esa diferencia de 2.372 euros por habitante y año que separa a vascos y gallegos, esta se verá aumentada con la rebaja del Cupo, que supondrá que el País Vasco dejará de aportar al Estado una cantidad de 1.300 millones para el período 2018 a 2021, a razón de 225 millones de euros menos al año de lo que pagaba hasta ahora con el Cupo establecido en el 2007. Pero Galicia no es precisamente la que peor parada sale en comparación con el País Vasco y con Navarra, la otra única comunidad que goza de un sistema foral que le permite recaudar sus propios impuestos. En el caso de la Comunidad Valenciana, que recibe solo 1.798 euros por habitante con el actual sistema, esa diferencia se eleva a 2.856 euros al año con el País Vasco y a 1.936 euros con respecto a Navarra. Madrid, que recibe 1.883 euros por habitante, es la tercera que menos financiación per cápita recibe. La media de las comunidades es de 2.171 euros.
Informe de Hacienda
Enormes diferencias. El Gobierno es plenamente consciente de ese agravio. En el informe de Hacienda se señalan «las enormes diferencias que existen entre las comunidades forales (País Vasco y Navarra) y el resto» y se especifica que «la financiación per cápita de las comunidades forales a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal es aproximadamente el doble de la que perciben las comunidades de régimen común». Y no solo eso. Hacienda sostiene que «la presión fiscal es también significativamente más baja en las comunidades forales, que a diferencia de las de régimen común, muestran un ‘sobreesfuerzo fiscal’ negativo y muy considerable»
Presión para la reforma
Valencia, la más perjudicada. Ante esas diferencias, no es extraño que la rebaja en el Cupo vasco, que se produce en plena negociación de los Presupuestos para el 2018, en la que el voto del PNV es imprescindible, haya soliviantado al resto de comunidades, que llevan esperando desde el año 2014 a una reforma de la financiación autonómica que el Gobierno prometió tener diseñada para este año, pero para la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admite que habrá que esperar. Y tampoco es extraño que sea la Comunidad Valenciana, la que menos financiación recibe, la que más impaciencia demuestre, hasta el punto de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, haya tenido que moderar las protestas del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, por el respaldo del PSOE al nuevo Cupo.
CATALUÑA bloquea el pacto
Temor a un aplazamiento. La impaciencia y el malestar de la mayoría de las comunidades que aspiran a mejorar su financiación ante el hecho de que se haya dado prioridad a la negociación de la rebaja del Cupo respecto al acuerdo para una reforma de la financiación autonómica se deben al temor a que lo que el Estado deje de ingresar del País Vasco lo acaben pagando las autonomías del régimen común. Pero la ansiada reforma tendrá que esperar de momento, porque la crisis desatada por el desafío independentista en Cataluña hace imposible abordar en este momento una negociación multilateral entre todas las autonomías en situación de normalidad.
Pendientes del 21D
No a la bilateralidad. Si en todas las anteriores negociaciones para las sucesivas reformas del modelo el pacto se complicaba por la exigencia de Cataluña de negociar de forma bilateral con el Gobierno -algo que el resto rechaza-, en lugar de hacerlo como una autonomía más en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, resulta impensable que, si después de las elecciones del 21D los independentistas vuelven al Gobierno de la Generalitat, Cataluña se vaya a sentar a la mesa para debatir una reforma en un foro en el que al Gobierno le basta el apoyo de una sola autonomía para imponer su criterio. Solo un cambio en la Generalitat daría esperanzas de que se abra la negociación.
El Gobierno, sin prisa
No sin Cataluña. Aunque presidentes autonómicos como el gallego Alberto Núñez Feijoo han propuesto que si Cataluña se niega a sentarse en la mesa como uno más el resto de comunidades saquen adelante la reforma del modelo en el plazo más breve posible, el Gobierno no quiere ni oír hablar por ahora de esa hipótesis, que elevaría la tensión con los independentistas. Galicia y otras autonomías temen que, a cambio de una renuncia a la independencia, Cataluña arranque al Gobierno una mejora en su financiación, que iría necesariamente a costa de rebajar el porcentaje de lo que reciban las demás.
