La comunidad perdió 7.942 personas, y Asturias y Castilla y León juntas, 11.800
13 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El mayor problema de los gallegos crece y a la vez es cada día más pequeño. La aparente contradicción tiene una explicación tan simple como dramática: cada día que pasa somos menos. En el primer semestre del 2017 (de enero a junio) se contabilizaron en Galicia 16.872 defunciones, y solo hubo 8.870 nacimientos. El crecimiento vegetativo es negativo en 7.942 personas, mientras que en el conjunto del Estado la cifra es de 32.132. Esto supone que la comunidad aporta una cuarta parte de un balance que va en picado y que preocupa con buenas razones a todo el noroeste peninsular, ya que Castilla y León y Asturias, las autonomías que, junto a Galicia, más padecen el fenómeno de la despoblación, perdieron conjuntamente en este mismo período 11.800 ciudadanos.
Son los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), que adelantan un panorama tremendo para toda España, ya que el número de nacimientos solo aumentó en la ciudad de Melilla. En el caso de Galicia, el descenso del balance entre nacimientos y muertes es ya del 5,8 %. Son 932 gallegos menos que en el mismo semestre del 2016, una bajada que si se mantiene en proyección debería hacer saltar todas las alarmas políticas y sociales. A expensas de conocer el balance del año completo, el número de nacimientos se quedaría por debajo de los 19.000, listón al que nos habíamos agarrado en el 2013, en plena crisis económica. La mortalidad tampoco ayuda a frenar el desastre. En contraste con las cifras del mismo período del año anterior, se refleja un aumento del 2,3 %. Luego también morimos más (16.431 en el 2016 y 16.812 este semestre).
La demografía es una ciencia que depara pocas sorpresas, y siendo malos y preocupantes, los resultados de Galicia en el último estudio del INE generan menos susto que en otras comunidades que habitualmente se movían en otros balances. Madrid, por ejemplo, registra un descenso de nacimientos del 7,9 % , mientras que Castilla y León se desploma un 9,4 % y Castilla-La Mancha, un 8,2 %. Las defunciones crecen, sorpresivamente, en todas las comunidades, con Ceuta (11,3 %), Aragón (9,3 %) y La Rioja (7,1 %) a la cabeza en términos relativos.
Con estos mimbres, Galicia sigue siendo la segunda autonomía más avejentada, solo por detrás de Asturias, según se desprende de los datos cerrados del 2016, que también se hicieron públicos ayer. En ese ejercicio, Galicia tiene la tercera peor tasa bruta de natalidad del Estado, por detrás de Castilla y León y, de nuevo, Asturias.
En cuanto a los 8.870 nacidos en la primera mitad de este año en Galicia, más de la mitad son niños, 4.572, por 4.298 niñas. De madre extranjera nacieron 626 bebés.
Los precios, la renta o la orografía, otros parámetros para hacer cálculos
La clave de la vejez no es la única que se quiere incorporar al cálculo del reparto de recursos. Técnicamente, la fórmula sería más justa cuantas más variables incluya, y es factible por compleja que sea. Ceuta y Melilla, por ejemplo, piden que se tenga en cuenta sus circunstancias fronterizas y extrapeninsulares; Baleares y Canarias pretenden más peso para la insularidad, como es lógico; y otros expertos proponen incluir más variables razonables, como la población en riesgo de pobreza, el peso de la comunidad universitaria, la población flotante, la orografía o el nivel de precios, que en España tiene su propia geografía.
Otras comunidades, sin desechar expresamente la propuesta defendida por el noroeste, fijan su atención en otros asuntos más propicios para sus intereses, mientras que Cataluña, que representa un 20 % del PIB de España, sigue sin tener propuesta y está a expensas de un nuevo y complejo Gobierno.
La edad media de la maternidad sube a los 32,6 años
Las estadísticas que rodean y dan sentido social al saldo vegetativo tampoco son alentadoras, como es lógico. La edad media de la maternidad en España se ha situado en los 32 años exactos, aunque en Galicia está en 32,6, igual que en Madrid y algo menos que en el País Vasco (32,8). El indicador de fecundidad se sitúa en 1,12, ligeramente superior al de los últimos ejercicios. «Es bajísimo, pero no desciende», advirtió este lunes el presidente Feijoo al abordar el problema demográfico en Ribadeo junto al presidente asturiano. En este mismo encuentro, el titular de la Xunta planteó una reflexión sobre la edad media de fecundación en España, que técnicamente podría ser superior y que se ve penalizada por otros parámetros, como la edad media del primer matrimonio. Siendo tardía (33,89 años), está por debajo de la media estatal, aunque solo sea por unas décimas. El problema llega en las cifras absolutas, ya que en el primer semestre de este año se registraron 3.471 casamientos en Galicia, que mayoritariamente se celebraron por lo civil. Además, las cuentas del INE indican que Galicia es la cuarta comunidad en la que menos descendió el número de bodas. En total, el pasado año se casaron en esta comunidad 9.379 parejas, de las cuales 9.246 eran de distinto sexo, y 133, del mismo.
Las comunidades del noroeste suman aliados a la causa por una financiación ajustada al coste de los servicios
J. C.
La crisis catalana y la reciente renovación del cupo vasco han agitado el melón de la financiación autonómica, que en condiciones normales tendría que haberse negociado a lo largo del 2017 en un ambiente más sosegado y con la presión electoral atenuada hasta el 2019. Si el espíritu del sistema de compensación -el último fue pactado por Zapatero en el 2009- era acompasar el crecimiento del Estado, el fiasco que proclaman todas las autonomías es evidente, porque las diferencias en el PIB se siguen agrandando, y las dificultades para sostener los servicios públicos se han traducido en recortes o endeudamientos, aunque también esconden gestiones cuestionables.
Se parte de un consenso, y es que la reforma es obligatoria, pero el desafío independentista de Cataluña, que se desentendió de la financiación para abrazar la república, hizo volar los cimientos colocados en la Conferencia de Presidentes del 18 de enero, en la que Galicia había conseguido dos objetivos cuya resolución está por ver: introducir en la agenda de trabajo de los expertos de las comunidades una variable más amplia que tenga en cuenta la vejez y hacer una pieza separada para el gasto farmacéutico, que hoy en día supone en torno al 40 % del dinero que maneja cada comunidad.
La propuesta que abanderó Galicia junto a Asturias y Castilla y León, que refrendaron en recientes encuentros, ha coincido, con matices, con propuestas como las planteadas por Castilla La Mancha y Aragón, y parcialmente con la de Andalucía, que también ha reclamado un estudio más detallado de la «población ajustada». Esto es, de la gran ecuación que implica el reparto y que supone el grueso de la tarta, estas comunidades solicitan más variables, que ahora se limitan a la población protegida, la escolar y la mayor de 65 años, o a aspectos geográficos de relativa relevancia, como el tamaño territorial, la insularidad o la dispersión.
«No tiene nada que ver lo que Madrid destina a atender a medio millón de personas en el Hospital La Paz con el despliegue que necesita Galicia para dar servicio a toda la provincia de Ourense, con 300.000 habitantes», suele poner como ejemplo Feijoo en las últimas fechas. Y tampoco es lo mismo el coste sanitario de un joven de 16 años de Valencia, que el de un gallego de 85. Y además, Galicia tiene en términos relativos el doble de mayores de 95 años que el resto de España, tal como recordó el presidente de la Xunta este lunes en Ribadeo. Dos tramos más para ajustar el coste de los mayores de 75 y 85 aliviarían esa desigualdad.
Dividir el reparto de fondos entre 47 millones de españoles, para atender el gasto real, y no entre 17 comunidades con distintas necesidades. Es el resumen más entendible para el ciudadano de a pie que han conseguido transmitir los tres presidentes del noroeste más implicados con esta idea, que en realidad tiene una complejísima aplicación que los consejeros de Hacienda podrán discutir el 28 de diciembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y además, esta es solo una batalla que se suma al encaje de otros fondos que combinan recaudaciones autonómicas, del Estado y cierta discrecionalidad.