Las distintas líneas de investigación abiertas han conducido hasta ahora a callejones sin salida
21 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El miércoles 18 de agosto del 2010, Sonia Iglesias, de 37 años, fue vista por última vez saliendo de una zapatería de Arzobispo Malvar donde dejó un par de sandalias que, desde entonces, nadie ha reclamado. Ese mismo día, Julio Araújo, que no está investigado y colaboró en todo momento en el registro de la vivienda de Mourente, denunció en la comisaría su desaparición, que fue calificada de inquietante.
La versión que ofreció Araújo de aquella mañana describe cómo su expareja se volvió a montar en el coche, si bien minutos después se volvió a apear para realizar unos recados antes de incorporarse a su trabajo en Massimo Dutti. Nunca llegó a traspasar la puerta de la tienda ubicada en Benito Corbal, la conocida como milla de oro de Pontevedra.
En torno a las 11.40 horas de aquel día, la cartera de Sonia era encontrada en las proximidades de la carretera de Pontevedra a Vilagarcía, una zona en la que se ubica el asentamiento marginal de O Vao. Precisamente tres días después de su desaparición, efectos personales de la pontevedresa se localizaron en las inmediaciones del poblado.
Las batidas se sucedieron a partir de entonces y la sociedad se volcó, mientras la Policía Nacional, en paralelo, comenzaba una investigación. Se tomó declaración a numerosos testigos, se revisaron las cámaras de tráfico de la Policía Local, así como las de algunos comercios, y se interrogó en varias ocasiones a Julio Araújo. Ninguna prueba resultó concluyente y, de hecho, las incógnitas persisten siete años y medio, 2.743 días, después.
En este tiempo, la policía ha tenido que lidiar con miles de informaciones que situaban a Sonia en un punto u otro del territorio español o que afirmaban haberla visto en distintas zonas de Pontevedra -en algún caso, incluso, se llegó a demostrar que, si bien estas personas se habían cruzado con la pontevedresa, lo habían hecho en fechas anteriores a su desaparición- e incluso se recibieron cartas anónimas y la de un preso de A Lama que aseguraban poder aportar datos que ayudarían al esclarecimiento de lo ocurrido. Todo han sido hasta ahora callejones sin salida.
De hecho, la Fiscalía llegó a plantear ante la jueza de instrucción y la Audiencia de Pontevedra la posibilidad de someter a Julio Araújo al conocido como test de la verdad, la prueba neurofisiológica Potencial Evocado Cognitivo P300. En ambos casos, la petición se rechazó al entender que la misma no solo está encaminada a determinar cuál podría ser el paradero de Sonia Iglesias, sino también a analizar la conducta de la que fue su pareja, por lo que «podría ser utilizada en su contra» y podría «vulnerar sus derechos».
La pregunta que se hacen muchas personas, casi ocho años después de la desaparición, es cómo alguien está dispuesto a vender una casa si en ella, presumiblemente, ha ocultado un cadáver. Nadie tiene, por el momento, una respuesta a este interrogante.