La huelga en la Justicia encara su quinta semana sin acercamiento entre las partes

La huelga indefinida en la Justicia gallega ha entrado en su quinta semana sin que ni tan siquiera se atisbe solución para un conflicto que dura ya 28 días, 20 de ellos efectivos. Tanto la Xunta como los sindicatos aseguran que están dispuestos a reabrir una negociación que lleva rota desde que el 20 de febrero los representantes de los trabajadores se levantaron de la mesa y vetaron para posibles nuevas convocatorias al director xeral de Función Pública. El último intento de desbloqueo lo ha protagonizado el vicepresidente, Alfonso Rueda, que este lunes volvió a ofrecerse a tomar el mando de las conversaciones siempre y cuando se desconvoque el paro. Incluso deja la puerta abierta a mejorar la oferta de subida salarial, que hasta ahora se ha asegurado que era definitiva, pero los funcionarios lo rechazan de plano.

En ese contexto, los sindicatos reclaman cada día a la Xunta que los convoque a una nueva reunión, sin que el Gobierno gallego parezca dispuesto, ante las pretensiones económicas de los funcionarios, que han rechazado aumentos de entre 816 y 1.080 euros anuales y siguen exigiendo que esa cifra suba hasta los 2.700.

Que se retome el diálogo es, precisamente, lo que se reclama desde las organizaciones que representan a abogados, procuradores, jueces y fiscales. A los pronunciamientos desde numerosos foros se sumó este lunes el del Consejo General de la Abogacía Española, que pide «responsabilidad» y hace un llamamiento a las partes en busca del fin de una huelga «que está provocando un grave quebranto en el funcionamiento de un servicio público tan trascendental como es la Justicia».

Rueda comparece en el Parlamento a petición propia y los funcionarios lo esperan en la puerta

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que es también conselleiro de Xustiza, acudirá este martes a petición propia al Parlamento de Galicia para dar cuenta a la Cámara de la situación que se ha generado por la huelga de funcionarios de Justicia y de por qué están rotas las negociaciones con los sindicatos. A las puertas de la Cámara autonómica le estará esperando desde las 9.30 horas una concentración de trabajadores. «Recibámolo como merece!», afirmaba el mensaje de WhatsApp con el que los representantes de los funcionarios han llamado a participar en este nuevo acto de protesta.

Protestas de jueces y fiscales

La de los funcionarios podría no ser la única movilización en el sector de la Justicia. Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales que existen en España amenazan también con ir a la huelga si el Gobierno central no atiende sus reivindicaciones. Reclaman la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la Justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

En caso de que no se atiendan sus demandas, el 5 de abril, a las 13 horas, habrá actos en todos los juzgados y el 14 de ese mismo mes una gran concentración en Madrid. Después, llevarían a cabo paros parciales de una hora -de 12 a 13 horas- todos los jueves durante un mes. Si aun así no llegaran a un acuerdo con el Gobierno central, convocarían un día de huelga a la que llamarían a los jueces y fiscales de toda España. La fecha que manejan como posible para el paro es el 22 de mayo.

Malos tiempos para nacer y para morir

La huelga ha logrado paralizar casi por completo los juzgados gallegos porque está siendo secundada de forma mayoritaria por en torno al 90 % de la plantilla, según los sindicatos, aunque la Xunta rebaja esa cifra al 38 %. Pese a que se están cumpliendo los servicios mínimos, los perjuicios para el ciudadano son muchos, especialmente para aquellos que necesiten hacer trámites en los registros civiles.

defunciones

Más de 1.100 muertos oficialmente vivos. Los parientes de una persona fallecida han visto este último mes de huelga cómo al dolor por la pérdida de un ser querido se le suma en muchas ocasiones la imposibilidad de obtener el certificado de defunción en el Registro Civil, un trámite sin el cual para la Administración el finado sigue vivo y no se puede dar de baja su pensión ni su cuenta bancaria, ni gestionar las últimas voluntades. Además de a los familiares, el paro también perjudica a las funerarias, que son las que se encargan en gran medida de estas diligencias.

nacimientos

Dificultades para cobrar la maternidad o tener pediatra. Un bebé puede inscribirse en el hospital en el que nace, pero pasadas 72 horas hay que acudir al Registro Civil. La huelga ha hecho que muchos padres se encuentren con que los funcionarios se niegan a realizar la inscripción a no ser que esté a punto de expirar el plazo máximo legal, que habla de diez días ampliables a treinta. El resultado es que sin esta diligencia cumplimentada las madres no pueden percibir la prestación por maternidad, y tampoco se le puede asignar un pediatra a su hijo.

pensiones

Problemas en las de jubilación y viudedad. Los pensionistas son un colectivo especialmente perjudicado por esta huelga. El colapso de los registros civiles dificulta obtener certificados de defunción o fes de vida. Sin el primero, no se puede dar de baja una pensión de jubilación cuando una persona fallece ni tramitar una de viudedad. Sin el segundo, no se puede mantener una pensión de jubilación si la Seguridad Social ordena una comprobación de que esa persona sigue viva.

juicios suspendidos

Los sindicatos hablan de 12.000, la Xunta de la mitad. Solo se están celebrando los juicios en los que hay acusados en prisión preventiva. Los funcionarios hablan de 12.000 suspendidos, algunos de ellos hasta el 2020. La Xunta rebaja esa cifra a como mucho la mitad.

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