Montoro permite usar los fondos en equipamientos, servicios sociales y seguridad
24 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los concellos gallegos cumplidores que hayan acumulado superávit durante el 2016 tendrán que demostrar su pericia y agilidad para contratar y ejecutar las actuaciones que quieran acometer el próximo año, marcado por la cita electoral de principios de junio. El ministro de Hacienda ha cumplido la palabra dada a los alcaldes el mes pasado y ha liberado cerca de 5.000 millones de euros que los ayuntamientos no podían tocar para cumplir con la restrictiva ley de gastos impulsada por Cristóbal Montoro. En el caso de Galicia, el montante asciende a 482 millones de euros, a los que la gran mayoría de los alcaldes tenían puesto el ojo para obras concretas.
No podrán actuar libremente, pero el catálogo es lo suficientemente amplio como para que todos los concellos encuentren agujeros que tapar. De forma genérica, Hacienda ha elaborado un decreto por el cual el superávit del 2016 podrá destinarse a inversiones en servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, bibliotecas y archivos, inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas, y a los enseres o vehículos que se precisen para estas dotaciones o que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
El decreto deja menos oportunidades para obras vinculadas a la construcción o reparación urbana, alejándose de la filosofía del Plan E activado durante la etapa final del Gobierno de Zapatero. Estas iniciativas se deberán canalizar a través de los presupuestos ordinarios.
Montoro, además de cumplir su promesa, ha tenido palabras de reconocimiento para las entidades locales, a las que felicitó por su «buena gestión» durante los años más difíciles de la crisis, aunque, lejos de ablandarse, aseguró que su ley de estabilidad sigue y seguirá vigente.
La Fegamp carga contra la nueva ley de contratación del sector público
Los concellos gallegos han abierto ahora otra batalla contra la nueva ley de contratación del sector público, que a juicio del presidente de la Fegamp está provocando la paralización de las entidades locales, con especial incidencia en las más pequeñas. Alfredo García cree que este texto supondrá el «hundimiento» del comercio local, ya que los requisitos que trae consigo, como la contratación electrónica obligatoria, dificultará la concurrencia por falta de medios y personal. Otro grave problema de gestión, dice el alcalde socialista, será el nuevo reglamento de protección de datos que deben adoptar.