El fiscal pide cinco años de cárcel para la directora de un instituto de Bueu que gastaba dinero del centro

Alfredo López Penide
L. Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

GALICIA

En tres años y medio llegó a malversar más de 17.000 euros

30 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Compras en París, pero también en supermercados, zapaterías y toda clase de tiendas de Pontevedra. Y todo pagado con las tarjetas de crédito del instituto Illa de Ons de Bueu. Asimismo, libraron unos veinticinco cheques para gastos personales con cargo a la cuenta de este centro educativo. El fiscal sostiene que la que fue directora entre enero del 2012 y junio del 2015, J. D. D. C., así como el por entonces secretario, J. I. G. se hicieron con más diecisiete mil euros de forma ilícita, un dinero que tendría que haber repercutido en el instituto.

Acusa a ambos de un delito continuado de malversación de capitales públicos en concurso medial con una falsificación de documentos públicos, cargos por los que solicita cinco años de prisión. Además, entiende que ambos deben ser inhabilitados durante otros ocho años para desempeñar cargo público, al tiempo que reclama se les imponga el pago de una indemnización coincidente con el dinero, supuestamente, malversado en esos tres años y medio, 17.276 euros.

El ministerio público precisa que las tarjetas, así como la cuenta a la que estaban asociadas, tenían como única finalidad sufragar los gastos del instituto. Uno de los cometidos del exsecretario era «elaborar un rexistro contable de ingresos e gastos, función que desempeñaba baixo a supervisión da directora».

Esta última, «con ánimo de obter un beneficio á custa do alleo, dispuxo para o seu propio uso de fondos do instituto». La fiscala relata que, en el 2013, retiró o realizó pagos por 827 euros, cantidad en la que glosa gastos en la capital francesa «durante unha viaxe do centro escolar». Un año después fueron 1.489 euros y en el 2015, un total de 434 euros.

Aclara que el exsecretario sí realizó pagos que entiende que están debidamente justificados. No obstante, el ministerio público añade que J. I. G., de alguna manera, miró hacia otro lado, omitiendo «no rexistro contable ditos cargos, ou disimulaba os mesmos para que as contas fosen aprobadas pola Comisión Económica do Centro».

Durante este período de tiempo, los acusados «libraron varios cheques de diñeiro para uso persoal con cargo á conta do instituto», que «tampouco se reflectiron na contabilidade» del centro educativo de Bueu.

Los acusados serán juzgados por un tribunal popular

Dada la condición de empleados públicos de ambos acusados y del hecho de que los delitos que se les imputan fueron cometidos, supuestamente, en el ejercicio de sus cargos, será un tribunal popular el que decida en la Audiencia de Pontevedra sobre su culpabilidad o no. En todo caso, el malversación de caudales públicos es uno de los delitos específicamente recogidos dentro de la competencia de la Ley del Jurado. A la hora de establecer un veredicto de culpable, serán precisos siete votos de los nueve integrantes de este tribunal.