En la cárcel desde febrero por intentar introducir 4.400 kilos de coca y otros delitos, está acusado de comprar desde 1987, junto a familiares, bienes con dinero de la droga
24 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La billetera de José Ramón Prado Bugallo (Sito Miñanco, 1955) ha sido siempre motivo de recelo por la insólita capacidad de su propietario para rellenarla de pesetas, euros, francos suizos, balboas panameños o dólares americanos. Y todo ello pese a su origen humilde alejado de cualquier escuela de finanzas y ligado a la pesca o el marisqueo furtivo, a detenciones, huidas y persecuciones o a las dos décadas que pasó entre rejas desde que su nombre, a ojos de la Brigada Central de Estupefacientes, se ubicó en lo más alto del organigrama de la mafia gallega. Primero del tabaco, luego de la coca, desde principios de los ochenta hasta el pasado febrero, cuando fue arrestado en el marco de la operación Mito (bautizada así por la Policía Nacional para dimensionar su posición en el narcotráfico nacional y colombiano, principalmente).
Pero de aquellos polvos ochenteros, con tufo a rubio americano, estos lodos, que llegan en forma de acusación contra él, desde hace días en la cárcel de A Lama para asistir a la vista; su exmujer, María Rosa Pouso; su hija mayor, Rosa María Prado; su excuñada, Josefa Pouso; y José Alberto Aguín. Cinco investigados que comparecerán, desde mañana, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra para retomar el juicio que el letrado de Miñanco, Gonzalo Boye (coincidieron en prisión cuando el ahora abogado cumplía condena por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla), logró aplazar en febrero poniendo en duda, mediante escritos de recusación, el buen hacer de dos de los tres integrantes del tribunal que juzgará a Miñanco, a sus familiares y a un socio que se supone que hizo de testaferro. Boye incluso reclamó el archivo de la causa alegando prescripción del delito.
Varapalo judicial
La respuesta de TSXG tumbó las pretensiones del también letrado de Carles Puigdemont. El auto emitido concluye que los delitos siguen vigentes y que los magistrados cuestionados tienen plenas competencias para presidir la vista derivada de la operación Suntuarias, iniciada en el 2009 por la Fiscalía Especial de Delitos Económicos de Pontevedra y la Agencia Tributaria. El Ministerio Fiscal decidió en el 2010 abrir una pieza separada para investigar solo el patrimonio vinculado a Miñanco, al encontrar indicios de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en otra investigación protagonizada por el clan arousano de los Gerardos, archivada en el 2012.
La tesis de la Fiscalía señala a Miñanco en lo más alto de una estructura de confianza destinada a la compra de bienes inmuebles, incluso usando sociedades interpuestas, con dinero procedente de la importación del tabaco, primero, y de la coca, después, para engordar el patrimonio de la inmobiliaria San Saturnino, fundada el 1 de junio de 1985 con capital aportado por cinco personas, una de ellas cuñada del narco, Josefa Pouso. Sito fue nombrado gerente administrador para, en 1987, ver a su entonces esposa María Rosa Pouso hacerse con el control de la sociedad tras la cesión de los fundadores.
Su primera medida fue ampliar el capital con ocho millones de pesetas. Ya en 1991, tras separarse el matrimonio, realiza dos nuevas ampliaciones de 13 y 2,2 millones de pesetas. Ese mismo año cesó en el cargo Miñanco, dejando el timón de la nave a su exmujer, que aún hoy figura como administradora y ha firmado, desde entonces, decenas de compras, hasta reunir 49 pisos, terrenos, promociones, chalés, plazas de garaje o bajos comerciales.
Insólito inicio
Especialmente activa fue la actividad inicial de San Saturnino. Solo en 1988 compró un piso en el centro de Pontevedra (64.282 euros), una nave de 965 metros cuadrados (180.000) y otra de 1.203 metros (228.503 euros) que no fue inscrita hasta diciembre de 1989. En ese mismo ejercicio se apostó por la compra de un edificio en la avenida de Galicia de Cambados del que se obtienen 17 inmuebles valorados en 921.448 euros. 1990 no fue una excepción, y la compra de fincas rústicas se sucedía en Cambados y Sanxenxo coincidiendo con los años dorados del narcotráfico en Arousa. El relato de la Fiscalía prosigue detallando las inversiones ejecutadas en ejercicios posteriores, siendo especialmente activos 1996, 1998, 2002 y del 2003 al 2007.
Pero el regreso de Miñanco a Pontevedra para el dilatado juicio es solo la primera parada de un calendario judicial que se presupone largo y que el cambadés verá pasar entre rejas a sus 63 años de edad con un delicado estado de salud, según se lee en los informes médicos incluidos en el sumario judicial de la operación Mito. Un complicado cuadro clínico que no impidió al arousano seguir en la pomada ampliando su radio de acción hasta Algeciras.