Dirigentes territoriales creen que pone en riesgo el poder local y autonómico del PSOE a cambio de lograr el apoyo del secesionismo
24 dic 2018 . Actualizado a las 07:22 h.A cinco meses de que se celebren en España las elecciones municipales, autonómicas y europeas, la situación en el PSOE es de desconcierto ante la estrategia política de Pedro Sánchez. Los comicios andaluces dejaron claro que la posición del jefe del Ejecutivo en torno al desafío independentista y su apuesta por poner permanentemente la mejilla frente al contumaz desprecio a la Constitución y la igualdad de todos los españoles por parte de los secesionistas supuso un lastre imposible de salvar. En el único feudo que los socialistas habían mantenido como un fortín desde el inicio de la democracia, el derrumbe del PSOE fue de tal magnitud que dejó a la socialista Susana Díaz sin opciones de Gobierno, ni siquiera pactando con la marca andaluza de Podemos.
Al PP y a Ciudadanos les bastó convertir la cuestión catalana en el eje de la campaña para que la derecha se impusiera a la izquierda al dejar sin argumentos al PSOE andaluz. La posición de Sánchez, de hecho, fue el detonante de la fuerte irrupción de Vox en Andalucía. Sin esa pujante entrada de la derecha radical en el mapa político, que restó votos y escaños a PP y a Ciudadanos, el triunfo del centroderecha habría sido más contundente.
Después de ver el desastre andaluz, entre los líderes autonómicos y los candidatos municipales socialistas cundió el pánico, hasta el punto de plantear, en privado la mayoría y en público algunos, que el Gobierno debía rectificar esa posición y mostrar mayor firmeza con quienes desprecian la Constitución y acusan al resto de los españoles de robarles, cuando no de ser directamente una especie genéticamente inferior, caso de Oriol Junqueras y Joaquim Torra. Pero, lejos de atender esos requerimientos, Sánchez ha redoblado su apuesta de alianza con el independentismo al dejar por escrito un acuerdo con Torra que excluye cualquier mención al acatamiento de la Constitución por parte de los separatistas, califica de «conflicto» el golpe que ha llevado a sus líderes a ser juzgados por rebelión, excluye la aplicación del artículo 155 y compromete al PSOE en la necesidad de «avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña», dando así por hecho que el independentismo representa a todos los catalanes.
En esa circunstancias, el desánimo es generalizado entre los socialistas que deben medirse en las urnas dentro de unos meses, porque saben que tendrán imposible, como Susana Díaz, rebatir los argumentos del centroderecha y de la extrema derecha en contra de la posición del Gobierno en Cataluña. El miedo es aún mayor ante la posibilidad de que Sánchez acabe convocando un superdomingo electoral en mayo que incluya las generales. Las voces críticas empiezan a emerger en el PSOE porque saben que nadie, ni siquiera el propio Sánchez, confía en que su política de cesiones sirva para solucionar el problema de Cataluña. Y entienden que su único objetivo es alargar su permanencia en el Gobierno consiguiendo que el independentismo apoye sus Presupuestos, aunque sea a cambio de nada, y poniendo en riesgo todo el poder autonómico y municipal del PSOE. Una operación de alto riesgo que puede desestabilizar otra vez al partido.
La subida del salario mínimo pasa casi desapercibida
El pacto firmado por Pedro Sánchez con Joaquim Torra el jueves dejó en un segundo plano el objetivo propagandístico que tenía la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona el viernes. Pero, al margen de eso, la decisión de aglutinar en un mismo Consejo de Ministros los gestos simbólicos hacia Cataluña con la aprobación de una de las medidas estrella del Gobierno, como es la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, se ha demostrado también como un error estratégico del líder socialista, porque el impacto de esa histórica decisión ha pasado casi desapercibido entre el ruido generado por las protestas contra el Gobierno en Cataluña alentadas por el independentismo.
La baja por paternidad de Iglesias debilita a Podemos
«Nos vemos en abril». Eso dijo Pablo Iglesias antes de tomarse tres meses de baja por paternidad. En Podemos eran conscientes de que esta situación se iba a producir. Su compañera, Irene Montero, hasta ahora de baja por maternidad, se reincorporará en enero. Lo que no estaba claro es que el adiós momentáneo de Iglesias fuera a coincidir con el momento más bajo de Podemos, como muestran los sondeos. Y, aunque se ocupó de dejar atado antes su control del partido, a Iglesias le va a resultar complicado revitalizar de cara a las autonómicas, desde Galapagar y entre pañal y pañal, a una formación que ha demostrado una dependencia absoluta de su hiperliderazgo y su presencia en los medios.
El discurso de Casado le genera dudas a Feijoo
Si la política de Sánchez sobre Cataluña genera críticas en el PSOE, tampoco en todo el PP existe entusiasmo con la apuesta estratégica de Pablo Casado por endurecer al máximo el discurso para tratar de recuperar el voto emigrado a Vox. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, la única figura con peso suficiente para tener voz propia en el PP, lleva tiempo advirtiendo que su partido no debe caer en los excesos, porque esa es la mejor forma de alentar el populismo de izquierda, pero también el de derecha. Y una cosa es aceptar los votos de Vox en Andalucía por la necesidad de acabar con un régimen de 40 años y otra que haya que tragarse ese sapo en otros territorios de España.