Los rectores alertan de que la medida puede reducir la oferta de prácticas por parte de las empresas y un «quebranto económico y de gestión» para las universidades
04 ene 2019 . Actualizado a las 19:00 h.«De forma sorpresiva y sin consulta previa». Así ha establecido el Gobierno la obligatoriedad de dar de alta en la seguridad social a los universitarios que hagan prácticas externas, según acaba de denunciar la Conferencia de Rectores, que además alerta de que la medida podría suponer un «quebranto económico y de gestión» para las universidades y reducir la oferta de prácticas que se hace a los estudiantes.
El BOE publicaba el pasado 29 de diciembre el decreto de revalorización de las pensiones públicas, que, en su disposición adicional quinta, incluye la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que hacen prácticas académicas externas. Los rectores ven «problemas importantes» en cómo se trata la cuestión en el decreto, fundamentalmente en lo referido a quién y cómo deben de hacerse cargo de las cotizaciones correspondientes. Hasta ahora, no era obligatoria el alta en la seguridad social si las prácticas no eran remuneradas, y en el caso de que sí lo fuesen, las curriculares estaban bonificadas al 100 %.
Este decreto trata por igual las prácticas curriculares y extracurriculares, cuando tienen un carácter «radicalmente distinto». Las curriculares forman parte de los planes de estudios y funcionan como una asignatura más, con lo que son obligatorias para los estudiantes. Las extracurriculares, por contra, son voluntarias. Según explica la Conferencia de Rectores, el decreto establece que todas los becarios deben ser dados de alta en la seguridad social. En el caso de las no remuneradas, el pago debera realizarlo la empresa o entidad «salvo pacto contrario en el convenio», mientras que las remuneradas obligan al pago a quien corresponda, según la normativa aplicable.
¿Problemas? Según la Conferencia de Rectores, la posible reducción de la oferta actual de prácticas, así como una discriminación entre los alumnos de títulos profesionalizantes y no profesionalizantes, una «importante carga de gestión añadida en los servicios de prácticas» y, en elcaso de las prácticas curriculares -es decir, obligatorias- podría «acarrerar un grave problema económico, difícilmente asumible para las universidades».
La Conferencia de Rectores reclama que se abra una mesa de diálogo para hablar de un tratamiento diferenciado entre prácticas curriculares y extracurriculares; que se mantenga la bonificación del 100 % en las prácticas obligatorias remuneradas y que la bonificación se extienda a las no remuneradas, tanto curriculares como extracurriculares, y que el establecimiento de un procedimiento de alta en la Seguridad Social simplificado y automatizado para los universitarios que hagan prácticas con bonificación.
También los rectores han puesto sobre la mesa la necesidad de regular también las prácticas académicas externas de los estudios de formación permanente, «que cada vez cobran mayor importancia» y la urgencia de incorporar a los servicios universitarios de empleo y prácticas personal experto en gestión laboral para apoyar la gestión admeinistrativa que supondrá el nuevo decreto.