El Gobierno y la Conferencia de Rectores han abierto hoy el diálogo para el desarrollo de la normativa referida a las prácticas externas
16 ene 2019 . Actualizado a las 19:40 h.La noticia saltaba el 4 de enero: el Gobierno había introducido en el decreto para la revalorización de las pensiones la obligatoriedad de que todos los estudiantes que hagan prácticas externas sean dados de alta en la Seguridad Social. La disposición adicional quinta del decreto cayó como un jarro de agua fría en las universidades, que se quejaron de que era una medida no negociada y comunicada previamente y, ante la incertidumbre de cómo se aplicaría esa orden, alertaban de dos consecuencias: que se redujese la oferta de plazas por parte de las empresas y que la presión económica fuese inasumible para las universidades. Por eso, pedían una mesa de diálogo con el Gobierno que les permitiese tener voz en el desarrollo de la normativa.
Esa mesa de diálogo se ha abierto hoy y tras solo un encuentro se ha producido el primer acuerdo: la aplicación de la medida se retrasa al curso 2019-2020. Así lo ha anunciado la CRUE a través de un escueto comunicado en el que también han mostrado su satisfacción por que el Gobierno haya hecho una «declaración expresa» de que trabajará «para evitar que las universidades soporten gastos añadidos por la aplicación de esta reforma».
En la actualidad, tan solo se dan de alta en la Seguridad Social si son prácticas remuneradas y, en el caso de que sean curriculares -es decir, obligatorias en el plan de estudios- las prácticas están bonificadas al 100 %. La disposición adicional quinta del decreto no hacía diferencia entre las prácticas curriculares y las extracurriculares, que son de carácter voluntario y esa era una de las principales quejas de la Conferencia de Rectores, que hoy se ha mostrado esperanzada al poder participar en el desarrollo técnico de la normativa que regulará una medida para «reconocer el valor de las prácticas académicas externas de los estudiantes».